El representante legal designado por Convergencia Democrática en el juicio del Caso Palau, Francesc Sánchez, ha esgrimido los informes favorables del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas para rechazar la tesis de la Fiscalía de que CDC se financió ilegalmente a través del Palau de la Música, entidad que utilizó para blanquear las comisiones por la concesión de obras públicas de la constructora Ferrovial. Sánchez ha rechazado además las acusaciones de Miguel Giménez Salinas, ex consejero delegado de Altraforma, y Juan Manuel Parra, gerente de Hispasart, que en su calidad de acusados declararon la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sus empresas falsificaron facturas para cobrar al Palau por servicios prestados a Convergencia.

Sánchez ha calificado de "donaciones normales" las recibidas en esos años por CDC de las empresas imputadas por el caso Palau y ha asegurado que "era normal que empresas que colaboraban habitualmente con el partido lo ayudaran con donaciones". El responsable de régimen interno de CDC entre 2012 y 2016 ha asegurado que la formación siempre pagó con dinero lícito. Se da el caso de que Sánchez ha sido incluido recientemente como investigado en las investigaciones del Caso 3%, de presunta financiación irregular del partido que fundó Jordi Pujol, aunque ha asegurado ante la magistrada Montserrat Comas que "no conoce su situación procesal" respecto a ese caso y ha aceptado las preguntas de todas las partes, en un interrogatorio que ha sido inusualmente breve.

Las esposas ignorantes

"Mi marido tiene un carácter dificilillo, es buena persona, pero mejor no discutir con él" ha argumentado Marta Vallès, esposa de Fèlix Millet, para explicar su absoluto desconocimiento sobre las operaciones financieras de su esposo o los recursos que sirvieron para pagar las ostentosas reformas de su casa en l'Atmella del Vallès (Bacelona). En el juicio por el expolio del Palau de la Música hoy ha llegado el día de los responsables civiles a título lucrativo: las esposas de Millet y Montull, las hijas del primero, Laila y Clara, y el representante de Convergencia Democrática, Francesc Sánchez.

"Mi marido tiene un carácter dificilillo, es buena persona, pero mejor no discutir con él" ha argumentado la esposa de Millet

Marta Vallès ha asegurado que en ningún momento se le “ocurrió” que estos gastos estuvieran sufragados con dineros procedentes del Palau: “Yo tenía dinero, mi marido también. Teníamos herencias, patrimonio, fábricas, terrenos, solares en Menorca. No teníamos problemas de dinero”. Sus hijas Clara y Laila, por su parte, han desmentido que sus respectivos suegros pagaran la mitad del coste de sus bodas, que después Millet cargó a cuenta del Palau, "sólo" pagaron el cubierto de sus invitados. Laila se ha quejado además amargamente al final de sus declaraciones de los perjuicios sociales que les ha supuesto los ocho años de instrucción del caso, tras explicar el dinero cobrado por las ventas de terrenos en l'Atmella como la comisión habitual por transacciones inmobiliarias, que en su caso era del 4%.

Por su parte, Mercedes Mir, la esposa de Jordi Montull, ha afirmado ante el tribunal que creía que los viajes que compartieron con los Millet los pagaba el entonces presidente del Palau de la Música y que las obras en su casa las pagaba su marido con su dinero. Mir, que al igual que Marta Vallès también llegó a estar imputada en la causa, se ha desentendido de su papel como administradora de la sociedad Aurea, que supuestamente Montull usó para el saqueo: “Un día me dijo mi marido: ve al notario y firma esto, y lo hice. Y de esta compañía nunca más supe nada”.