Este sábado, 1 de abril, los que quedan iniciarán una nueva vida. Deberán aprender a vivir solos, sin protección y decidiendo por sí mismos dónde ir y cómo hacerlo. No habrá planificación ni rutas alternativas. Para algunos será como recuperar la libertad plena casi veinte años después. Se acabó mirar bajo el coche, trasladarse con la sombra de uno o dos escoltas o tener que idear hasta el extremo la jornada. El 1 de abril era la fecha marcada por el Ministerio del Interior para retirar los servicios de escolta que aún financiaba y que de modo progresivo ha ido reduciendo en los últimos años. La supresión del servicio se incrementó tras el cese de actividad armada de ETA. Para algo menos de medio centenar de cargos políticos y empresarios este viernes será el último en el que vivirán protegidos por agentes de seguridad.

Lejos quedan los tiempos en los que todos los cargos del PP y el PSE y algunos del PNV vivían con escolta. Años en los que los actos políticos de las formaciones constitucionalistas agrupaban más guardaespaldas que simpatizantes. La demanda de escoltas se disparó en Euskadi y Navarra a mediados de los años 90, en especial tras el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordoñez, en 1995 y Miguel Angel Blanco en 1997. A partir de entonces la amenaza sobre la clase política hizo que desde el Gobierno central y el vasco se coordinaran planes de protección que llegaron a afectar a 1.500 personas.

Un servicio de escolta que se mantuvo con una gran demanda durante casi tres lustros en los que los servicios de Policía y Ertzaintza no eran suficientes para brindar protección a los 1.500 cargos políticos y empresarios amenazados y se recurrió a protección privada. Ahora, apenas medio centenar de cargos, fundamentalmente del PP y en menor medida del PSE, continuaban con protección. Algunos casos, como el de Pilar Elías, verán como desde mañana no dispondrán de protección tras veinte años escoltada. Lo mismo le concurrirá a la ex secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos o el diputado Leopoldo Barrera, que desde mañana dirán adiós a su protección personal. “En el partido la gente lo tiene asumido, es algo que venía sucediendo desde hace tiempo y sólo quedaban unos pocos. Nada que ver a las multitudes de escoltas que había abajo, ¿te acuerdas?”, rememora un portavoz del PP vasco en referencia a la acumulación de escoltas que a diario esperaban en el acceso a la sede del partido.

En el PSE el impacto de la medida que entra en vigor mañana es menor. Actualmente tan sólo Idoia Mendia, secretaria general del PSE, el ex consejero de Interior, Rodolfo Ares y el ex lehendakari y ex presidente del Congreso, Patxi López cuentan con escolta a cargo de la Policía Nacional. Ningún otro cargo socialista en Euskadi tiene escolta. Una situación que sin embargo muchos de ellos han vivido durante años y que se incrementó con su entrada al Gobierno vasco en 2009, donde la protección entre los altos cargos del Ejecutivo llegó a aplicarse desde consejeros hasta viceconsejeros o incluso directores de área. Tras el cese de actividad armada de ETA se procedió a suprimir gran parte de la protección a los cargos y nombres significados del PSE.

Recolocar a escoltas en paro

Junto al PP y el PSE, la protección que hasta ahora se mantiene también afecta a algún representante del PNV, por su condición de ex viceconsejero de Interior, como Juan María Atutxa, y a algún empresario.

La necesidad de protección ante la amenaza etarra a la clase política hizo que la Ertzaintza, en los momentos más duros, decidiera constituir una unidad de protección específica. No pudo hacer frente a la demanda con el servicio de ‘Berroci’, la unidad de élite de la Policía Autonómica Vasca, y se apoyó en servicios de protección privados. Se creó en 1998 pero desde 2013 se fue reduciendo de modo significativo hasta reducirla casi a la mitad. Actualmente el servicio de escoltas de la Ertzaintza se limita a prestar servicios a altos cargos del Gobierno vasco, consejeros y lehendakari. El coste en este tipo de servicios llegó a alcanzar más de cien millones de euros sólo para el Gobierno vasco.

La decisión de suprimir los servicios de escolta adoptada por el Ministerio del Interior data de agosto de 2015, cuando se planificó la retirada progresiva también en Euskadi y Navarra, las comunidades autónomas hasta entonces con mayor nivel de amenaza. En estos años el colectivo de escoltas ha reclamado una salida al dejar en el desempleo a muchos de los policías que durante años han protegido a la calse política y empresarial. Por ahora se estudia la posibilidad de reubicarles en servicios de protección a mujeres maltratadas.

La decisión llega sólo una semana antes de que ETA escenifique y formalice su desarme definitivo “verificable” en Bayona. Sin embargo, entre algunas personas protegidas también se ha recordado que desde hace días se ha constatado un rebrote de los episodios de ‘kale borroka’ y de ataques a sedes de partidos políticos. Circunstancia que es más preocupante en pequeños municipios.