El hijo de Chávez parecía dispuesto a superar al padre, pero ha tenido que echar el freno. Nicolás Maduro pretendía dinamitar la división de poderes en Venezuela y dar un jaque mate al pueblo al permitir que la Asamblea Nacional se quedara sin funciones y las asumiera el Supremo, junto con el gobierno. En una decisión insólita, que supone un giro de 180 grados, el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, convocado por el propio Maduro, pidió este sábado al Supremo que revisara sus sentencias por las que inhabilitaba por completo al Parlamento y eliminaba la inmunidad de sus representantes. Finalmente, el Tribunal ha suprimido el contenido de estas sentencias.

El TSJ ha publicado en su web la eliminación del punto 4.4 de la sentencia 156 que derogaba las facultades de la Asamblea Nacional para que fueran ejercidas por el propio Supremo o por cualquier órgano designado por éste. También anula el punto 5.1.1 de la sentencia 155 que limitaba la inmunidad parlamentaria.

Esta decisión viene precedida por la demanda del Consejo de Defensa. Leyó este acuerdo del Consejo el vicepresidente Tareck El Aissami en cadena de televisión y radio oficiales y justificó esta petición al Supremo con “el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”. Fue el propio Maduro quien convocó al Consejo, según dijo, para resolver el impás por el desacato en el que se encontraba la Asamblea Nacional. Aseguró el sucesor de Chávez que él “no sabía nada” del paso dado por el Supremo. Insistió en que había que volver al diálogo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que no asistió a la reunión del Consejo, aseguró: “No puede decir la gran mentira de que no conocía la sentencia… Pretende crear un circo para decir que en Venezuela hay normalidad”. Reafirmó a su vez que “el único diálogo posible en Venezuela es el voto”.

En la concentración del sábado en Caracas, Borges dijo sobre la rectificación del Supremo: “Nada ha cambiado. No basta con maquillar una sentencia. El golpe sigue. Hay que seguir luchando”.

Nada ha cambiado. No basta con maquillar una sentencia. El golpe sigue”, dice Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional

En la mísma línea se manifestaba el líder opositor venezolano, Henrique Capriles, quien aseguró que “con aclaratorias no está resuelto el golpe de Estado, ni han solucionado nada”. En su cuenta de Twitter, Capriles fue contundente sobre estas idas y venidas del régimen de Nicolás Maduro: “Deben anularse las sentencias, respeto a la Constitución, y pleno funcionamiento de la AN, liberación de presos políticos y cese de persecuciones, canal humanitario de medicinas y alimentos y convocatoria de elecciones”. Y concluyó: “¡Ya basta de burlas a los venezolanos! Sin voto no hay democracia!

 

La señal más clara de división en el chavismo la dio la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, cuando el viernes se distanció y criticó abiertamente la decisión del Supremo. Ortega declaraba que las sentencias del TSJ “evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Revolución Bolivariana, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Consideraba la fiscal su pronunciamiento como “un deber histórico”. Fue un certero golpe a Maduro desde sus propias filas.

“El gobierno se ha entrampado solo. Lo que dice la fiscal es muy relevante porque es chavista y se desmarca del régimen. Otros actores relevantes adoptarán una postura similar porque sería un gesto de cara al futuro”, señalaba horas antes el ex viceministro de Exteriores y embajador venezolano Fernando Gerbasi.

Esta marcha atrás del chavismo se explica porque Venezuela es uno de los países latinoamericanos donde más se valoran en las encuestas los principios democráticos. “Siempre aparece muy bien valorada en las encuestas. Ni a los chavistas les gusta que no se respete. El régimen está muy debilitado. Sólo le queda la represión, mediante los colectivos y el encarcelamiento de opositores, y a la oposición, la calle y la presión internacional”, explica Susanne Gratius, investigadora especializada en América Latina en el CIDOB de Barcelona.

Sentencia número 156

Con nocturnidad había procedido el miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al asestar una estocada definitiva al Parlamento venezolano. En la sentencia número 156, una condena a muerte para el Parlamento, se dice así: “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esa Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Los jueces, al servicio del presidente Nicolás Maduro, que intervino en su designación justo antes de que se constituyera la Asamblea opositora, se erigían así en representantes del pueblo. La Asamblea ya había sido declarada en desacato, y en 14 meses vio cómo medio centenar de sentencias le impedían legislar. Pero este paso supondría borrarla del mapa.

A la oposición, desterrada de la Asamblea Nacional, le quedaba solo la calle para demandar la restauración democrática. Los jóvenes, sobre todo, salieron a mostrar su descontento desde que el jueves se conoció el alcance de la sentencia. Dispuestos a la lucha, mostraron al chavismo que no se iban a quedar quietos.

La condena internacional fue unánime contra el gobierno de Nicolás Maduro y ha tenido su efecto más pronto de lo que los más optimistas pensaban. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de autogolpe, y  pidió la convocatoria urgente de una sesión, en la que se debatirá la aplicación de la cláusula democrática. La ONU pidió al Supremo que reconsiderara la decisión.

Esta mayor presión de América Latina, sobre todo a través de la OEA, también ha puesto nervioso a Maduro. “Era impensable hace años que un número tan importante de naciones del continente se enfrentaran a Venezuela”, señala Carlos Malamud, investigador en el Real Instituto Elcano.

Este intento de autogolpe era el final de una larga carrera contra el tiempo y contra los principios democráticos. “Con Hugo Chávez también lo hicieron. Siempre han intentado socavar la democracia. Pero Chávez nunca desconvocó una elección, ni cerró el Parlamento. Los populistas viven del respaldo popular y ya no lo tienen. Chávez trampeaba pero tenía ese apoyo en las calles. Se dio un golpe institucional, como el que dio el entonces presidente Alberto Fujimori en 1992. Es un acto desesperado de Nicolás Maduro”, explica Susanne Gratius.

Los populistas viven del respaldo popular y ya no lo tienen. Se dio un golpe institucional como el de Fujimori en 1992″

Desde diciembre de 2015, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas, y la victoria fue reconocida por el propio ejército, hasta ahora, la estrategia del régimen ha sido ir restando poder a las instituciones donde sus rivales ganaban peso. La pátina democrática se mantenía pero se recurría a argucias, con la aquiescencia de los resortes que controla el chavismo, como el poder judicial. Sin embargo, anular a golpe de sentencia las funciones del legislativo hacía saltar a Montesquieu por los aires.

“Durante años se ha considerado que por el hecho de celebrar elecciones había una democracia. No es así porque los cargos electos de la oposición quedaban sin poder y sin presupuesto, como le pasó al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hasta que le apresaron. Ahora han dado ese paso con la Asamblea Nacional. Esta ruptura del hilo constitucional hace que caigan las caretas”, señala Fernando Gerbasi, ex viceministro venezolano de Exteriores y ex embajador.

Maduro ha ido jugando al ratón y al gato con la oposición. Toleraba la Asamblea Nacional, pero no permitía que legislara. Se mostraba dispuesto al diálogo pero no cedía ni lo más mínimo. Aceptaba el revocatorio, por el cual podría haberse celebrado un referéndum por el que tuviera que dejar el poder, pero ganaba tiempo para no celebrarlo. Lo que no conseguía es dar la vuelta a la situación económica ni recuperar el apoyo popular.

“No puede seguir jugando a la democracia popular. Apenas cuenta con 15 puntos de apoyo popular. Perdería cualquier proceso electoral. Su única opción es radicalizarse y tomar medidas contra la democracia para mantenerse en el poder”, afirma el profesor venezolano José Manuel Puente, doctor en Economía Política por la Universidad de Oxford.

Explica esta desafección de la calle la deteriorada situación económica y social, que combinada con la crisis política convierte a Venezuela, la nación más rica en recursos petrolíferos de América, en un polvorín. Lleva tres años de recesión, ha perdido la cuarta parte de su PIB, registra la tasa de inflación más alta del mundo y sufre un desabastecimiento de productos básicos dramático, según describe el experto económico.

El salario mínimo en Venezuela ronda los 40 dólares, mientras que el de Haití supera los 100

Según la última encuesta sobre condiciones de vida de Encovi, el 82% de los venezolanos son pobres (con Chávez era un 44%) y el 72% no pueden comer tres veces al día. El salario mínimo es el más bajo de América Latina, unos 40 dólares, cuando en Haití se superan los 100. “Este desequilibrio económico y social puede llevar a una explosión”, dice Puente.

Si hubiera violencia, será crucial qué papel juega el ejército. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, apeló al ejército el jueves para que restaurara el orden democrático. Las Fuerzas Armadas son uno de los pilares del régimen chavista. En palabras de Fernando Gerbasi, “Maduro se sostiene en las bayonetas”. Según Carlos Malamud, “la cúpula militar está alineada con Maduro, pero desconocemos qué ocurre más abajo, los oficiales y la tropa, ni sabemos cómo van a reaccionar si tienen que reprimir al pueblo. No es lo mismo ser acusado de un delito de narcotráfico que de un crimen de lesa humanidad”.

Escenarios

Lo que ocurrirá a partir de ahora dependerá mucho de los movimientos de los actores implicados, desde la oposición, hasta la comunidad internacional. Con la marcha atrás del Madurazo, el presidente apuesta por el statu quo y querrá volver a jugar la baza del diálogo para seguir ganando tiempo. Pero el diálogo, tal y como lo concibe el gobierno, ya no es una opción para los opositores. La debilidad de Maduro ha quedado patente y son varios los escenarios posibles:

Maduro resiste. El gobierno sigue adelante y hace como si no hubiera pasado nada con la decisión del Supremo. Para salvarse, Maduro culpa a los jueces. “La duda es hasta cuándo puede mantenerse así y cómo puede movilizar a los suyos”, señala Gratius. Hasta ahora ha contado a su favor con que la oposición estaba atomizada, debilitada y el respaldo internacional era débil. Pero la situación va cambiando y el colapso económico es una amenaza real.

Maduro se va. Gratius no descarta que haya un cambio en la cúpula. “Maduro se ha quedado sin aliados. Se ha metido un autogol”, afirma. Al rectificar, intenta volver  la casilla de salida, Sin embargo, el problema de que Maduro salga de escena es que muchos de sus aliados también perderían su puesto. “Saben que si Maduro sale, sería el principio del fin. Por eso le mantienen. El problema que tiene el chavismo, sobre todo en la cúpula, es que si los destituyen, tendrían que acabar en la cárcel”, comenta Malamud.

Hay una implosión social que deriva en intervención militar.  La deteriorada situación económica y social hace que Venezuela siga siendo una bomba de relojería. El diplomático Fernando Gerbasi recuerda que ya hubo un estallido violento en 2014 -cuando acabó apresado el opositor Leopoldo López- y señala que si interviene el ejército hay dos posibilidades: que ayude a encauzar a medio plazo la transición, o bien que establezca una dictadura militar.

La oposición mantiene el pulso y conduce una transición democrática. Es la prueba de fuego de quienes están contra el régimen, una amalgama de grupos muy heterogénea. Después de esta amenaza a su poder en la Asamblea, su bastión vuelve a ser  la calle. “La oposición no tiene armas, sólo tiene smartphones“, recuerda el experto de Elcano. José Manuel Puente destaca que es la hora de que la oposición se muestre unida, con un solo mensaje y un solo líder para lograr que se celebren elecciones libres.

Para muchos, como el diplomático Fernando Gerbasi, la Mesa de la Unidad Democrática se ha movido más por motivos electorales que políticos. Es cierto que tiene figuras relevantes de peso, como María Corina Machado, Henrique Capriles, o Henry Ramos Allup, y también Leopoldo López desde la cárcel, pero falta una guía clara y un sherpa que les lleve hasta la transición.

Diálogo, nunca más. Los intentos de acercamiento al Gobierno de Nicolás Maduro, secundados entre otros por el ex presidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero se consideran infructuosos. Según el profesor venezolano José Luis Puente, “el diálogo fue un error porque se acabó perdiendo la opción que planteaba la Constitución del revocatorio y sólo sirvió para que Maduro ganara tiempo”. Malamud sostiene que, como estaba planteado, “no era viable” y Gratius también descarta la salida negociada.

La comunidad internacional, sobre todo América Latina, que condenó de forma clara el autogolpe, puede ayudar a reconducir el proceso hacia una transición democrática. La OEA ha sido muy clara en su demanda de elecciones.  Pero a Maduro, que se mira al espejo y ve a un guía de la revolución, le exaspera que le retraten como un dictador. La demanda de elecciones libres, un clamor internacional, despierta la ira del hijo de Chávez cada vez que la escucha. Le recuerda que es un populista que no puede recurrir al pueblo en su ayuda.