“Hagamos que el último trago de nuestros ciudadanos sea lo menos amargo posible”. Con este deseo presentaba C’s su proposición de ley sobre la muerte digna, que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Se trata de la primera ley estatal sobre este asunto cuyo propósito es lograr que todas las personas tengan los mismos derechos en un momento concreto. Al final de su vida.

Garantizar la autonomía del enfermo es la misión principal de esta ley. Que sea él quien decida cómo quiere morir y que los médicos, a su vez, puedan permitirlo sin correr el riesgo de enfrentarse a la Justicia. Es difícil olvidar el nombre de Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), acusado en 2008 de homicidio por llevar a cabo sedaciones paliativas. Absuelto por la Justicia, ahora sigue luchando por la muerte digna como presidente de la Asociación DMD.

El caso de Luis Montes abrió en 2008 el debate sobre la muerte digna en España

La repercusión del caso de Luis Montes sirvió para que se empezara a hablar de una regulación de la muerte digna. En la actualidad, ocho Comunidades Autónomas tienen una ley al respecto: Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Andalucía, Baleares y Madrid. Ésta ha sido la última en implantarla. “Una ley no puede resolverlo todo, pero ésta, en concreto, aporta cosas interesantes, como definiciones de conceptos que pueden estar confundidos, el derecho a la sedación y que los pacientes tomen las decisiones”, defiende una doctora de Cuidados Paliativos, que prefiere no dar su nombre.

Como tantos profesionales, trata cada día con pacientes que se encuentran en fase terminal. Su cometido va más allá de apaciguar el dolor y tratar los síntomas: “Es mucho más que eso. También es apoyo emocional y ayudar en la toma de decisiones complejas”. A su juicio, es necesaria una ley estatal que sirva para homogeneizar esta práctica porque, apunta, “el desarrollo de los cuidados paliativos no es igual en todas las comunidades”. Sí que existe un plan para toda España para acceder a ellos, como defienden en el Ministerio de Sanidad, pero, reconocen, “las infraestructuras no son las mismas en todas las regiones”.

Según una encuesta de Metroscopia realizada el pasado mes de febrero, el 84% de la población cree que un enfermo incurable debería tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor. Uno de los datos que más destaca de este estudio es el apoyo de la población católica: el 56% de los practicantes se muestra a favor. Entre los pocos practicantes y los no practicantes, el apoyo es mayor (84% y 88% respectivamente). Con respecto a este tema, desde la Conferencia Episcopal apuntan que el dolor y el sufrimiento “forman parte de la vida humana”.

Amparo para los profesionales

“Cuando una persona muere tranquila, es una satisfacción para el médico. Cuando muere sereno, sin dolor y asumiendo su situación”, señala esta doctora de Cuidados Paliativos. El trabajo de los profesionales es intentar hacer este tramo de su vida lo más llevadero posible, pero, a veces, la ética o el miedo a la Justicia hace que los deseos de un paciente no siempre se cumplan. Sobre todo cuando decide no seguir un tratamiento aún sabiendo que esto acortará su vida. “Todas estas decisiones son muy difíciles y generan muchas dudas. Aquí no hay certezas y una ley da seguridad jurídica a los profesionales”, argumenta la doctora.

Todavía no es fácil hablar de la muerte, y menos para los que están cerca de ella. Esto hay que mejorarlo y este tipo de medidas pueden ser un primer paso: “Hay que formar a los profesionales para que sepan hablar con los pacientes de ciertos temas y concienciar a los pacientes para que puedan hablar de ello. Ya existen programas a nivel internacional, pero eso cuesta dinero”. Según la doctora, pese al esfuerzo de los médicos, todavía hay que trabajar las “instrucciones” para que todos sepan cómo actuar en cada momento del proceso.

El debate sobre la eutanasia

El avance que ven los médicos con leyes como ésta choca con la poca novedad que perciben las asociaciones como la que preside Montes. El conflicto llega, siempre, en los límites. “Hay una gran contradicción porque defiende la dignidad, pero a no ser que se decida morir, porque eso parece inmoral”, critica Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid. A su juicio, es necesario profundizar en el tema de la muerte y “mientras no desaparezca la amenaza del artículo 143 del Código Penal no se va a respetar la libertad de la gente”.

Art. 143: 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

La regulación de la eutanasia, que ya llevó Podemos al Congreso sin éxito, no tiene cabida en el documento de Ciudadanos. “El problema de la eutanasia es que no es reversible”, justifica Francisco Igea, portavoz de Sanidad de la formación naranja y autor de la proposición de ley. A su juicio, no se trata de un debate médico y no tiene que ver con la sedación paliativa que sí incluye su medida: “Si te sedo te vas a morir, pero no lo hago con ese objetivo sino con el de paliar el sufrimiento”, matiza. Sí, hay gente que pide la eutanasia. Pocos, según la doctora de Paliativos. Muy pocos, en palabras de Igea.

El problema de la eutanasia es que no es reversible”, justifica el portavoz de Sanidad de Ciudadanos

“No se pide porque uno no quiere morir mal, sino porque la vida que le queda es sufrimiento. La gente que quiere la eutanasia no teme al trance a morir, sino que no está dispuesto a vivir la vida que le queda, y eso no se corrige con un paliativo”, argumenta el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes. En la actualidad, sólo tres países europeos han legalizado esta práctica: Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

“Un hijo deseado y concebido por amor es, obviamente, un bien. Una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediable, también”, decía el escritor Ramón Sampedro. Tetrapléjico desde los 25 años, su caso ocupó todas las portadas nacionales. Después de tres décadas de lucha incansable por el reconocimiento legal de lo que había considerado su derecho a morir dignamente, puso fin a su vida mediante el cianuro potásico que le proporcionaron sus amigos. Lo que se conoce como suicidio asistido.

En España, todavía queda camino por recorrer, aunque una ley sobre muerte digna puede ser sólo el principio de un debate que llegará en algún momento, tanto sobre la eutanasia como sobre el suicidio asistido, en opinión de Igea. No en el ámbito sanitario sino en otro aún más profundo: “La libertad de derechos”.