El Congreso de los Diputados debatirá la ley de muerte digna presentada por Ciudadanos. La cámara ha aprobado este martes la toma en consideración de esta propuesta de ley con el único voto en contra de los cinco diputados del PNV y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y PdeCat. Esta propuesta de ley tiene como objetivo garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida. Entre las peticiones más llamativas, está la del derecho del enfermo terminal a una habitación individual, así como el derecho del médico a reservarse información en casos en los que su conocimiento pudiera perjudicar al paciente.

La propuesta blinda el derecho a una habitación individual en fases terminales

El texto pretende garantizar la autonomía del paciente a la hora de afrontar sus propias decisiones y quiere blindar los derechos de decisión del enfermo terminal para que pueda decidir libremente el tipo de tratamiento a recibir o pueda exigir cuidados paliativos encaminados a aliviar el dolor en la última fase de su vida. En la defensa de la iniciativa, el médico y diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha puesto de relieve la importancia de evitar el sufrimiento en este punto y la de cesar los tratamientos cuando no pueden evitar el mal mayor. La ley presentada destaca la necesidad de diferenciar lo que es un “razonable esfuerzo terapéutico” para alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas, del “encarnizamiento terapéutico” que conduce a la prolongación de un sufrimiento “innecesario”.

Además, el texto señala que, en estos procesos, la prolongación de la vida “no debe considerarse un bien superior” al derecho de los pacientes a pasar sus últimos días conforme a sus creencias y convicciones personales. Como ejemplo de ello, Igea ha citado un informe que señala que el 25% de pacientes oncológicos sigue recibiendo quimioterapia en el último mes de su vida, y ha defendido el derecho del paciente a la información sanitaria. Un derecho que, en caso de aprobarse esta ley, quedaría blindado.

El texto incide en el derecho a la información sanitaria del paciente, aunque deja abierta una puerta que ahora mismo no queda recogida ni siquiera en el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial [ver aquí]: la posiblidad del médico de reservarse el derecho a informar. El código médico determina que el médico debe informar “de forma comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia” al enfermo, y que “cuando la información incluya datos de gravedad o mal pronóstico se esforzará en transmitirla con delicadeza de manera que no perjudique al paciente”.

El derecho a la información de los pacientes se puede limitar por su propia condición médica

La ley propuesta por C’s va un paso más allá y en su artículo 5.6 establece que “el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica”. Este “estado de necesidad terapéutica” se traduce, según el texto, “en la facultad del médico para actuar sin informar antes a la persona enferma, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de modo grave”.

Así, el médico puede evitar transmitir información sensible en caso de que el conocimiento de la misma pueda tener consecuencias negativas en el paciente. Aunque eso sí, el texto matiza que “en ningún caso se aplicará esta excepción si el paciente se encuentra en situación terminal salvo para medidas destinadas a aliviar el sufrimiento”. En caso de que tenga lugar esta situación, el sanitario deberá dejar “constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente”.

Otro de los aspectos llamativos de la ley es el derecho a la habitación individual que otorga a los pacientes en la recta final de su vida con el objeto de proteger el derecho a la intimidad del paciente. Así, en su artículo 13, el texto recoge que “las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se preserve su intimidad personal y familiar”, y que a tales efectos “los centros e instituciones sanitarias facilitarán a las personas que requieran ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual durante su estancia”.

Luz verde a elegir por consenso al Consejo de RTVE

El Congreso, con el apoyo del PP, ha dado hoy el primer paso para cambiar el modelo de elección del presidente y del Consejo de Administración de RTVE, de forma que estos cargos sean elegidos por dos tercios del Parlamento y no por mayoría absoluta como ocurre desde 2012.

La proposición, presentada por el PSOE, establece que el Congreso elija ocho de los doce consejeros -dos de ellos propuestos por los dos sindicatos mayoritarios- y el Senado otros cuatro; todos ellos elegidos por mayoría cualificada, aunque en su defensa el diputado socialista José Miguel Camacho ha matizado y ha avanzado que presentarán una enmienda para evitar una “situación de bloqueo” en el caso de que no se alcancen los dos tercios de la cámara.

Lo llamativo es la postura del PP, que se ha sumado a la causa para evitar enfrentarse de nuevo a la oposición de todo el hemiciclo, y el diputado popular Ramón Moreno ha defendido la actuación de su partido. A su juicio, el decreto de reforma del sistema de nombramientos de RTVE de 2012, que permitió que los cargos fueran electos por mayoría absoluta en caso de no existir un consenso parlamentario de dos tercios de las cámaras, se hizo por “necesidad urgente” ante la ausencia de presidente y porque habían caducado los mandatos de varios consejeros. Pero ahora, ha señalado, volver a la mayoría por dos tercios es “deseable y positivo”, aunque ha advertido de que si se “convierte en un arma arrojadiza de desgaste del Gobierno”, todos los grupos habrán “perdido el tiempo miserablemente”.