Conciertos educativos y sanitarios, convenios con empresas privadas, además de la prestación de servicios como el agua, la electricidad o las autopistas, están en el punto de mira de la CUP. Si el Govern de Carles Puigdemont confiaba en ver rebajada la presión de los anticapitalistas tras la aprobación de los presupuestos, fue una esperanza vana. La CUP, especialmente su ala más anticapitalista, tiene que contentar a sus bases tras aprobar unos presupuestos en los que no ha entrado la reforma fiscal que reclamaban, ni el fin de los conciertos en Sanidad y Educación. Y ése es el objetivo de la moción que defenderán mañana en el Parlament.

En la última sesión plenaria la portavoz en materia económica de la formación, Eulàlia Reguant, ya recriminó a JxS que “en 30 años de autonomismo se ha convertido a la Administración Pública en una caja pagadora y subcontratante generando una economía de contratistas, subcontratistas y comisionistas intermediarios” que a su juicio “nos sale cara y supone una pérdida de soberanía”. Una cultura de la subcontrata que instaura a su vez, según Reguant, “una nueva pobreza salarial con sueldos de miseria”.

La CUP acusa al Govern de convertir la Administración en "una economía de contratistas"

La respuesta a esta situación la desgrana la CUP en una batería de medidas para “reforzar el sector público” en materia de sanidad, emergencias, agua, electricidad, autopistas y finanzas. Propuestas entre las que destaca el estudio y evaluación de la creación de una empresa pública, propiedad de la Generalitat, dedicada a la generación, distribución y comercialización de electricidad; otra para la gestión de las autopistas catalanas, y una tercera para la gestión de las emergencias de Cataluña. Los tres estudios deben presentarse en el plazo de cuatro meses en el Parlament.

Contra la educación y la sanidad concertadas

La moción se fija en otro de los ámbitos recurrentes en las quejas de la CUP, compartidas con Cataluña Sí Que es Pot (QSQP), el de la educación concertada, que en Cataluña supone el 50% de la educación de servicio público. Así, los anticapitalistas exigen a la Generalitat publicar en el plazo de un mes la relación de los conciertos educativos y su fecha de finalización, y otro tanto con los conciertos sanitarios. En este caso, reclaman además conocer el coste anual del concierto.

Además, la formación de la que depende la mayoría soberanista en el Parlament reclama “un informe detallado de todos los contratos de concesión, concierto y convenio firmados entre la Generalitat y la empresa privada” en el que consten los términos del contrato y el grado de cumplimiento para que, en caso de que se demuestre que las empresas han incumplido las condiciones de lo pactado, el Govern inicie los trámites legales necesarios para su resolución.

La CUP pide que la venta de empresas municipales tenga que aprobarse en consulta popular

Entre las nuevas condiciones a la contratación pública propuestas por la CUP destaca el establecimiento de topes salariales mínimos en la contratación pública como requisito junto a la presentación de ofertas, además de medidas de fomento de la igualdad de género y la estabilidad laboral.

En el ámbito municipal, destaca la propuesta de que cualquier venta de una empresa municipal de gestión o provisión de servicios básicos deba ser aprobada por la población del municipio en una consulta popular. Además, por supuesto, de dar facilidades crediticias a los municipios que inicien la remunicipalización de servicios como la gestión del agua, como ya ha sucedido en Terrassa y estudia hacer ahora el Ayuntamiento de Barcelona.