La Generalitat que preside Carles Puigdemont se precia de seguir dando pasos hacia la independencia inexorablemente, pese a los obstáculos del Gobierno a cada paso. La última muestra, las tres preguntas para el referéndum avanzadas por Puigdemont a la cadena catarí Al Jazeera. Ante la aceleración del proceso soberanista, la Fiscalía ha decidido pasar al ataque y se esmera desde hace un año en vigilar esos pasos, para adivinar si la administración autonómica incurre en delitos de malversación o administración desleal de recursos públicos que permitan frenar ese proceso de construcción de las estructuras del futuro estado catalán. Así lo ha reconocido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha confirmado que hay diligencias en curso para investigar a las empresas proveedoras habituales de la Generalitat.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han reconocido a El Independiente que "tenían indicios" que se podía producir una campaña de este tipo y han circunscrito la iniciativa de la Fiscalía a una campaña del Gobierno para "intentar sembrar el miedo y crear inseguridad en la sociedad civil". Pese a lo cual, las mismas fuentes aseguran que el Gobierno de la Generalitat vive la ofensiva "con tranquilidad" y dispuesto a seguir adelante con sus planes.

El Gobierno "intenta sembrar el miedo y crear inseguridad en la sociedad civil" según la Generalitat

En este sentido, el consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, ha acusado al Gobierno de intentar "poner en duda la legitimidad" del gobierno catalán y ha considerado un "abuso de derecho y de las instituciones" la iniciativa de la Fiscalía. Estamos acostumbrados, ha concluido Mundó,  a la "presión constante y exagerada de la Fiscalía y los órganos judiciales sobre la actividad ordinaria de la Generalitat". En términos similares se han expresado la coordinadora del PDCat, Marta Pascal, y el portavoz de ERC, Sergi Sabrià.

Maza ha dado órdenes además de vigilar estrechamente la producción normativa tanto del Gobierno autonómico como del Parlament, con el objeto de responder a cada nuevo avance en el procès, ya sea con leyes declaradamente procesistas, como la creación de una hacienda propia catalana, o las más encubiertas, como la reciente reforma del reglamento del Parlament para habilitar la lectura única como vía para aprobar en un futuro próximo las leyes de desconexión.

Si hasta ahora la Fiscalía había optado por remitirse al Tribunal Constitucional y dejar actuar al alto tribunal en las iniciativas independentistas -el TC ha anulado ya tanto las resoluciones del 9-N de 2015, que abogaba por la creación de las bases legales para la proclamación de la independencia, como la del 6 de octubre de 2016 en la que se fijaba la celebración de un referéndum de independencia- el ministerio público optará a partir de ahora por tomar la iniciativa.

Investigación a los proveedores de la Generalitat

En esta estrategia se inscribe la investigación de las principales empresas proveedoras de la Generalitat iniciada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El pasado viernes agentes de la Guardia Civil se presentaron en la sedes de las empresas tanto en Madrid como en Barcelona para reclamar la entrega, en el plazo de ocho días, los expedientes completos de cada contrato con la administración catalana, además de explicar el procedimiento de contratación, el importe de las aplicaciones informáticas desarrolladas y la forma de pago por parte de la Generalitat, según informa El País.

El objeto de esta operación, orquestada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, son las empresas de los sectores tecnológico, de consultoría y la ciberseguridad, supuestamente contratadas por la Generalitat para construir los servicios de espionaje y la agencia tributaria catalanes. Es decir, las proveedoras habituales del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat, es decir, de Carles Puigdemont, y del Departamento de Economía y Hacienda, en manos del republicano Oriol Junqueras. El primero debe ser el embrión de los futuros servicios de inteligencia de la Cataluña independiente, según el proyecto trazado en 2013 por Artur Mas, cuyo gobierno ideó una Agencia Nacional de Seguridad catalana a imagen de la NSA centrada en la ciberseguridad. El segundo dedicará este año 93,3 millones de euros a la construcción de la Agencia Tributaria Catalana.

De cómo se gasta ese presupuesto se ocupa la investigación de la Fiscalía, que busca poner cifra a una posible malversación de fondos públicos, para lo que ha reclamado a las empresas investigadas que concreten los costes iniciales, finales y de puesta en marcha de las aplicaciones informáticas o informes de consultoría contratados por el Gobierno. Fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat han señalado que no han detectado preocupación entre sus proveedores habituales por las investigaciones de la Fiscalía, aunque han reconocido no estar sorprendidos por la investigación en curso.