El Gobierno catalán ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra las partidas de los Presupuestos 2017 sobre procesos electorales y consultas populares y procesos de participación ciudadana, ya que argumenta que tiene la competencia reconocida por el Estatut.

El ejecutivo lo ha decidido en el Consell Executiu, según ha informado en rueda de prensa la portavoz de la Generalitat, la consellera Neus Munté. También ha aludido a la quinta notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que han recibido el presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que se les pide parar los preparativos del referéndum después de que el TC suspendiera esa partida.

Ha manifestado que el ejecutivo regional lamenta que la única respuesta del Gobierno central sea "la judicialización, las suspensiones, las querellas y las amenazas de inhabilitación ante un mandato democrático".

Munté ha reiterado que el Gobierno catalán mantiene su compromiso de un referéndum y la voluntad de acordarlo con el Estado: "No renunciamos a la vía del acuerdo". "De la misma forma que hemos ido encontrando obstáculos con esta única respuesta que es la judicialización, iremos sorteando estas dificultades y estaremos cada vez más preparados", ha añadido.

La convocatoria

Al ser preguntada sobre quién firmará la convocatoria del referéndum, ha respondido que el Gobierno actuará "de la forma más discreta y diligente posible", y que no explicará públicamente sus estrategias.

"No nos consta que el Gobierno del Estado explique públicamente sus estrategias en relación al proceso que vive Cataluña ni que explique cuáles son las deliberaciones de sus órganos de decisión. ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros?", ha argumentado.

Ha insistido en que lo fundamental para el Ejecutivo catalán es cumplir su compromiso de un referéndum, y ha asegurado que se sienten muy reforzados y acompañados por la mayoría social y parlamentaria a favor de esta vía.