El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha relevado, con el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los fiscales del caso de las comisiones del 3% de CDC, Fernando Bermejo y José Grinda, que desde hace dos años han impulsado la investigación sobre la financiación de Convergència y las mordidas aplicadas a las adjudicaciones de obra pública.
Ambos fiscales trabajaban conjuntamente en el caso del 3% que ahora pasarán a coordinar los fiscales de la delegación de Anticorrupción en Cataluña, Fernando Maldonado y Teresa Duerto. La decisión de trasladar la causa íntegramente a Cataluña sorprende si se atiende a la posibilidad de que el magistrado que la instruye en el juzgado de El Vendrell, Josep Bosch, se inhiba próximamente en favor de la Audiencia Nacional por el alcance y relevancia del caso.
Este viernes, precisamente, se están desarrollando nuevas declaraciones en el marco de esta investigación. Entre ellas, la de Josep Antoni Rosell, ex número dos de la mayor licitadora de obra pública de Cataluña.
Queda por dilucidar qué ocurre con el llamado caso Pujol, que afecta al blanqueo de capitales en el extranjero por parte del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y sus hijos, y a la que actualmente están destinados ambos fiscales, junto a Juan José Rosa y la teniente fiscal Belén Suárez. Esta causa la instruye el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional.
Esta decisión de Moix añade polémica a su actuación al frente de la fiscalía Anticorrupción, acrecentada esta semana tras conocerse que trató de frenar uno de los registros en la sede del Canal de Isabel II en el marco de la operación Lezo, que propició la detención del ex presidente madrileño Ignacio González. Su decisión, motivada por la antigüedad de los hechos investigados -que se remontan hasta el año 2001- propició una queja de los fiscales del caso, que recurrieron a la junta de fiscales. Ésta terminó pronunciándose a favor de continuar con los registros inicialmente planificados, que han terminado haciendo aflorar una posible relación del caso con el mandato de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad.
Manuel Moix fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción el pasado 22 de febrero tras el acuerdo del Consejo Fiscal, referendado por José Manuel Maza.
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