El titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha incluido como investigados dentro de la Operación Lezo a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, y al empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press. El número de investigados asciende a 60. En un principio, también aparecía como imputado el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, pero fuentes del juzgado lo desmienten, según publican varios medios, que matizan que el juez sólo ha requerido información sobre él.

Ante la noticia de la posible imputación, El Independiente contactó con Zaplana quien eludió valorar este hecho con el argumento de que no ha recibido ninguna notificación. «No me ha llegado nada, sólo conozco lo que han publicado los medios. Comprenderá que hasta que conozca por qué se me llama y qué se me investiga no pueda decir nada», ha justificado. No obstante, ha insistido en lo que ya expresó la pasada semana a raíz de que saliera su nombre: «Jamás he hecho relación mercantil con don Ignacio González ni tengo relación societaria con él».

El ex ministro Zaplana dice que se ha enterado por la prensa y elude valorar la noticia

La Operación Lezo se inició el pasado 19 de abril con la orden para detener a 12 personas, entre las que se encontraban el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Igualmente, entre los arrestados a los que el juez Velasco ha enviado a prisión incondicional se encuentra Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica (Inassa).

A estos detenidos se añadió uno más el pasado viernes, con la detención del consejero de OHL, Javier López Madrid. No obstante, de esas trece personas, tres fueron puestas en libertad y dos se encuentran en el extranjero. Las acusaciones contra los detenidos son por los delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude.

Sin embargo, la acusación del juez se dirige contra un total de 60 personas, según consta en el auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el fin de embargar los bienes de algunos de ellos.

En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra: Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan Caballero, Edmundo Rodríguez Sobrino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastiao Cristovam, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Barona Grande, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turró Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Óscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Ángeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir, Jesús Arránz Monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer y Luis Vicente Moro.

También figuran el padre de Ignacio González, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pilar Pazos Bajarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rocío Bonet Cabero, Leticia Bonet Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez, María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Hoya, Ildefonso de Miguel, José Manuel Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro Antonio Martín Marín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.