El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido hoy desde el Senado a su sorpresiva aparición en el sumario de la «operación Lezo» tras trascender un mensaje que remitió a Ignacio González en el que deseaba «ojalá que se cierren pronto los líos», todo ello apenas tres días después de declarar éste como imputado por el caso de su ático de Estepona (Málaga).

Catalá ha explicado que el 3 de noviembre pasado recibió «cientos» de mensajes de felicitación por su confirmación como titular de la cartera de Justicia y «a todos ellos respondí con amabilidad, con educación».

Entre ellos estaba el de González, al que conoció en 1996 como miembro de la administración central del primer gobierno de José María Aznar  y, más tarde, en su calidad de vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid. Pero si bien admite una relación «personal» ha negado que exista  «amistad» entre ellos.

Tras criticar «la violación flagrante del secreto del sumario», por haber trascendido dicha información, aunque «eso parece que no importa demasiado en este momento», explica que con su «ojalá» lo que hace es transmitir «mi deseo de que tengamos estabilidad porque llevamos un año con el gobierno en funciones, con dos procesos electorales e investiduras fallidas».

Ha asegurado que no se refería «en absoluto» a cuestiones judiciales «que tengan que ver con el señor González, sino que se ordenara la situación política en España». En definitiva, «un mensaje de cortesía, de amabilidad, de respuesta a una felicitación como otros cientos que recibo en esos días».

Actuación de la Fiscalía

Interrogado, por otro lado, sobre la actuación de la justicia en la «operación Lezo» y si ha habido intentos de obstrucción por parte de la Fiscalía ha argumentado que «el ministro de Justicia no tiene ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra». La labor de un ministro de Justicia, ha proseguido, «no está en decirles a los fiscales que hagan lo que tienen que hacer, porque no puede, sino en intentar que la justicia sea más ágil».

Muy vehemente se ha mostrado a la hora de defender al fiscal general del estado y al fiscal anticorrupción. Del primero, José De la Maza, ha dicho que es un magistrado del Tribunal Supremo con más de cuarenta años de carrera, un profesional del derecho «y una persona que acreditado a lo largo de su carrera un magnífico desempeño».

Por su parte, Manuel Moix, atesora treinta años de carrera, fue propuesto por el consejo fiscal y por el fiscal general del Estado. «Se ha puesto al frente de anticorrupción a un buen profesional y es intolerable que se diga que el fiscal anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones que han concluido con la acusación, detención, entrada en prisión de muchas personas».

Su último enfrentamiento con la junta de fiscales se produjo por poner de manifiesto, según el relato del ministro, que González no estaba en la Comunidad en 2001, por lo que no se le podía mezclar con otro caso anterior so riesgo de «enturbiar la investigación. Si algo quiso es ayudar a la buena marcha de la investigación y se está enturbiando la magnífica labor de un profesional de muchas décadas al servicio del derecho y la ley», ha sentenciado.