La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra Concepción Dancausa, que fue presidenta de Mercamadrid y concejal en el ayuntamiento de Ana Botella, y otras 15 personas por un delito societario. El fiscal considera que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. han supuesto un «importante perjuicio patrimonial” para la empresa pública y  “un enriquecimiento ilícito» para la segunda.

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El ministerio público explica en su denuncia que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Pagos sin abonar

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa, según la denuncia, la obligación de abonar en concepto de canon para la construcción del hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Por su parte, Merca Ocio Hoteles 22, S.L. presentó una demanda en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Acuerdos extrajudiciales

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid y por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el “enriquecimiento ilícito” de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Mercaocio recibió 2.255.349, 51 euros “para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno”.

Informe del ayuntamiento de Carmena

Además, la Fiscalía subraya que el acuerdo no resultaba “equitativo” para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda “perfectamente contrastada” y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era “viable”.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 % superior al precio de mercado y deja bien claro que en el “momento actual” no consta “si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos”.

Dancausa ‘no comparte’ la decisión de la Fiscalía

Dancausa ha negado estar «en ningún caso» encausada por fraude por una operación de Mercamadrid, y ha dicho que está a «total disposición» de la Justicia para esclarecer el asunto. En un comunicado, Dancausa niega estar encausada y recalca que la Fiscalía se ha limitado a trasladar la información «para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid».

«Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero no la comparto en absoluto. No obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor», afirma Dancausa.

Defiende que el origen de la operación «se remonta a 2001», y que las actuaciones a las que se refiere «contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables, y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración».

«Con los informes favorables del secretario general del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción, por la cual unas naves construidas por Mercaocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos, pasaron a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa», explica.