El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha presentado ya el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para suspender la condena por la convocatoria de la consulta del 9-N de 2014, que le ha supuesto dos años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.500 euros para la que el ex presidente catalán ha obtenido ya el apoyo, al menos formal, de su partido.

De momento, y ante la perspectiva de unas más que probables elecciones autonómicas en Cataluña, el abogado de Mas ha presentado un recurso de casación ante el Supremo para pedir que se levante la suspensión para el ejercicio de cargos públicos. En caso de mantenerse la condena, reclama que esta se circunscriba a la inhabilitación para la presidencia de la Generalitat, cargo que ocupaba cuando se produjo la consulta sancionada, pero no para otros cargos electos como el de diputado en el Parlament, el Congreso o el Europarlamento. El letrado de Mas, Xavier Melero, asegura que la suspensión "no es ajustada a la ley" y recuerda que Mas en ningún momento fue advertido en persona por parte del Tribunal Constitucional de las consecuencias penales que podría tener llevar adelante el proceso participativo del 9-N.

Paralelamente, el PDCat ha anunciado el inicio de una campaña de captación de donativos para sufragar las multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Mas, y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, así como la multa impuesta por el TS a Francesc Homs. Se trata de cuatro multas por un monto global de 125.500 euros, a los que podrían sumarse nuevas multas a los miembros de la Mesa del Parlament, como señala el partido soberanista.

Nuevas multas

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tiene una causa abierta en el TSJC por permitir la votación de las conclusiones de la Comisión de estudio sobre el proceso independentista -anulada por el Tribunal Constitucional- por la que ya declaró ante el tribunal el pasado noviembre. Una causa a la que ahora se ha unido la imputación por permitir la votación de la resolución sobre el referéndum de independencia en octubre, una causa en la que también han sido imputados el vicepresidente de la cámara, Lluís Corominas, y los miembros de la Mesa Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

El PDeCat ha iniciado una campaña de difusión de esta recogida de donativos para "hacer frente a los gastos", pero también para enviar a los inhabilitados un mensaje de solidaridad "y que su actuación respondió a un deseo mayoritario de la sociedad catalana". Así, los donativos deben servir para pagar las multas y los gastos judiciales, no cuantificados públicamente, de los cargos investigados y condenados "por acciones a favor del derecho a decidir del pueblo catalán".

El pasado marzo, Mas, Ortega y Rigau ya anunciaron sus recursos ante el TS, que de hecho presentaron como un "paso necesario" para acabar recurriendo ante la justicia europea, habida cuenta de que este tribunal ya ha condenado a Francesc Homs por los mismos hechos a penas idénticas a las impuestas por el Superior de Justicia de Cataluña. En sus escritos para anunciar sus recursos, los encausados alegaron que en sus condenas por el 9-N se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Por contra, la Fiscalía ha renunciado al recurso ante el Supremo que anunció en su momento, para ampliar la condena a Mas, Ortega y Rigau por un delito de malversación de caudales públicos en la organización del 9-N, lo que hubiera supuesto penas que habrían llevado a la prisión a los imputados. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya desestimó esta acusación en el caso de Francesc Homs, por lo que la Fiscalía finalmente ha renunciado al recurso.