La dirección del Canal de Isabel II destituirá de manera inmediata al director general de su filial en Brasil tras conocer que éste viajó el pasado otoño a España para alertar a una persona de la máxima confianza de Ignacio González de que la Justicia les investigaba por la adquisición del 75% del capital de la empresa carioca Emissao, operación societaria que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al sospechar que se infló «ficticiamente» el precio de compra para desviar fondos públicos en beneficio privado.

Según ha podido conocer El Independiente, la empresa de la Comunidad de Madrid ha comunicado este jueves a Diogo Pacheco su intención de cesarlo tras reconocerles éste el viaje a España, que habría tratado de justificar aludiendo a motivos personales. Las explicaciones no han convencido a los responsables del Canal de Isabel II y, según las fuentes consultadas, éstos ya han dado instrucciones para que a la mayor brevedad se reúna de forma extraordinaria el consejo de administración de Emissao y se formalice su destitución.

La medida se ha adoptado después de que El Español informara de que Pacheco se reunió a mediados de octubre de 2016 en Madrid con Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la filial latinoamericana del Canal (Inassa) y al que el juez Velasco mandó a prisión preventiva el pasado 20 de abril tras su detención en el marco de la operación Lezo. Las alarmas se encendieron cuando, en un pinchazo al teléfono de Rodríguez Sobrino, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escucharon: «La Fiscalía española ha pedido información a las autoridades suizas».

Diogo Pacheco se reunió en Madrid con Rodríguez Sobrino, cerebro de la operación de compra de la empresa brasileña

En concreto, la Justicia española investigaba la compra del 75% del capital de Emissao por parte del Canal de Isabel II a cambio de 21,4 millones de euros, de los que 18 millones (el 84 del montante) se transfirieron a una cuenta del Royal Bank of Canadá en Suiza, país que entonces aún mantenía el secreto bancario. Concretamente, los pagos se realizaron el 29 de noviembre de 2013 y el 21 de enero de 2014.

Ello explica la comisión rogatoria que las autoridades judiciales españolas habían enviado a Suiza a fin de que se bloqueara la citada cuenta -a nombre del empresario brasileño Sebastiao Cristovam- y fue uno de los motivos que llevó al Gobierno de Cristina Cifuentes a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el 13 de julio de 2016 tras conocer las conclusiones que arrojó una auditoría interna sobre las condiciones de esta operación. Ésta se ejecutó sin que se hubiera tenido en cuenta una valoración independiente e ignorando el informe de due diligence elaborado por KPMG en el que alertaba de riesgos potenciales, entre otras presuntas irregularidades.

La adquisición de este paquete accionarial se cerró el 14 de noviembre de 2013, cuando Soluciones Andinas del Agua SRL -una tenedora de acciones y sin actividad con sede de Uruguay que el Canal de Isabel II había adquirido cinco meses para acometer la inversión de Brasil- firmó un contrato de compraventa con Cristovam por el que la compañía controlada por la Comunidad de Madrid adquiría el 75% del capital de Emissao por 68.702.400 reales brasileños (unos 21,4 millones de euros). Según las fuentes consultadas, Diogo Pacheco -abogado de profesión- asesoró en la operación al empresario carioca, hasta entonces máximo accionista de la compañía.

El abogado brasileño reconoce que viajó a España en el otoño de 2016, pero ha alegado motivos personales

Según el citado diario, Pacheco mantuvo el 17 de octubre de 2016 una reunión en un hotel de Madrid con Edmundo Rodríguez Sobrino, que meses antes había sido destituido como primer ejecutivo de Inassa tras aparecer su nombre vinculado a sociedades de los Papeles de Panamá y haber ocultado este hecho al Gobierno de Cristina Cifuentes. Días después, en una conversación interceptada por la UCO, Rodríguez Sobrino habría informado a la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond -hoy también en prisión preventiva y entonces ya relegada de dichas responsabilidades por «pérdida de confianza»- que la Justicia española les investigaba por la operación de Emissao.

Edmundo Rodríguez se incorporó en abril de 2006 a la presidencia ejecutiva de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Entonces, al frente de la empresa pública que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid se encontraba Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre en 2012 como presidente del Ejecutivo regional y en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes.

«Ideó, planificó y dirigió»

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional señala a este ejecutivo como la persona que «ideó, planificó y dirigió» la toma del control accionarial de Emissao, «estableciendo premeditamente un precio de compra muy superior al real». «El grado de participación de Edmundo Rodríguez Sobrino en la operación societaria de Emissao y los numerosos indicios obtenidos de la existencia de patrimonio oculto sin declarar que pudiera serle atribuido -aún sin determinar- dan solidez a que Edmundo Rodríguez Sobrino pudiera ser uno de los destinatarios de una cantidad por determinar de los fondos públicos supuestamente desviados con ocasión de la citada operación societaria”, añade el magistrado, que acusa al ex presidente ejecutivo de Inassa de ser “conocedor y partícipe de prácticas corruptas” en al menos cuatro países extranjeros: Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia.

Como publicó este periódico, en el auto por el que mandó a prisión a los detenidos en la operación Lezo, el juez Velasco detalla que Rodríguez Sobrino tenía previsto «viajar al extranjero» de manera inminente. Por los seguimientos realizados y el pinchazo a su teléfono, este investigado estaría a punto de desplazarse a Colombia.