El acuerdo presupuestario sólo fue la primera fase. Cinco votos del PNV a cambio de compromisos financieros por un importe de 5.000 millones para los próximos años y un nuevo acuerdo en torno al Cupo vasco. Ahora, el Gobierno de Iñigo Urkullu ya tiene preparada la segunda fase de su negociación: la cesión de competencias. Lo quiere hacer de modo “prioritario” y aprovechando la recuperada sintonía lograda. Una cuestión que planteará al Ejecutivo de Mariano Rajoy en los próximos días y que busca lograr réditos en clave de autogobierno para el País Vasco y que quedaron fuera del proceso de negociación culminadoel pasado 3 de mayo. Y entre todas las cesiones, las que encabezan la lista del Gobierno vasco serán las competencias de prisiones y el Régimen Económico de la Seguridad.

El Gobierno vasco trabaja ya en la redacción de una lista en la que se actualizan las competencias pendientes de transferir a Euskadi y que aún restan para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Según estimaciones anteriores del PNV rondarían la treintena de materias. El portavoz vasco, Josu Erkoreka ha asegurado hoy que su Gobierno se plantea esta cuestión para negociar “de manera intensa”, en especial en lo relativo a estas dos transferencias, que en el acuerdo de Gobierno PSE-PNV ya se fijan como prioritarias.

Erkoreka ha subrayado que en la nueva fase de relación que se abre con el Gobierno del PP se recordará que en el caso vasco existe un autogobierno “reconocido pero no materializado”. Tanto desde el Ejecutivo Urkullu como desde el PNV se ha reconocido que el nuevo clima de mayor disposición y diálogo entre ambas partes que puede facilitar que se den pasos en el cumplimiento de las transferencias pendientes. “La pasada legislatura la ‘Agenda Vasca’ ya incluía las transferencias pendientes, yo mismo remití cartas formalmente a las personas responsables pero no obtuve respuesta”.

A corto plazo los contactos entre el PNV y el PP volverán a retomarse para negociar los presupuestos de 2018 que sin demora esbozará el Gobierno de Rajoy. Erkoreka no ha aclarado si en este proceso de se situará como contrapartida de un posible apoyo del PNV a las cuentas del próximo año la cesión de competencias pendientes. “Sólo puedo decirle que si en el futuro tenemos nuevos contactos con el gobierno central esto estará sobre la mesa”.

Ahora el ejecutivo de Urkullu ultima la redacción de una lista de competencias pendientes de transferir. Lo hace a petición de la Ponencia de Autogobierno constituida en el Parlamento Vasco.

«Esa ley no tenía un pase”

El portavoz del Gobierno vasco también se ha referido a la presentación por parte del Gobierno de España de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la denominada Ley de Víctimas de Abusos Policiales. Erkoreka ha señalado que a pesar de que el plazo para su presentación concluye el jueves no tiene duda de que el Ejecutivo del PP lo llevará a cabo. Por ahora dice desconocer qué aspectos de la ley serán recurridos y añade que pese a que ésta fue una cuestión que se abordó de modo reiterado durante las negociaciones presupuestarias finalmente no ha sido posible frenar el recurso. Erkoreka no se ha mostrado especialmente crítico, pese a que ha insistido en que la norma aprobada por el Parlamento Vasco cumple con la legalidad de modo preciso y por tanto cuenta con el suelo legal suficiente.

Precisamente hoy, el delegado del gobierno, Javier De Andrés, se ha referido a este recurso del que ha dicho que era inevitable al tratarse de una norma que “no tenía un pase”. De Andrés ha recordado que la norma fijaba que una comisión debía reconocer y valorar a las posibles víctimas de abusos “sustituyendo así a los tribunales”. Ha cuestionado que además dejaba en manos de ella determinar posibles responsabilidades penales en quienes las pudieran haber cometido: “Sus miembros ni son jueces ni magistrados. Son personas elegidas al azar por el Gobierno y por tanto carecen de independencia”. Por último, ha reiterado que la norma vulneraba el principio de separación de poderes al actual en el ámbito penal pero desde el poder Ejecutivo y legislativo.

De Andrés también ha valorado positivamente el acuerdo presupuestario y en torno al Cupo alcanzado la semana pasada. Ha señalado que ha sido un buen acuerdo y que beneficia no sólo al País Vasco sino al conjunto del Estado. “Tenemos que entender el Cupo como una forma de colaboración y cofinanciación de los vascos a las necesidades de España y del propio País Vasco en materias que son del estado”. Ha añadido que el cálculo de 1.400 millones que se ha hecho para liquidar las desavenencias en torno al Cupo que se arrastraba desde 2007 es “muy razonable, proporcionado y basado en los intereses generales del Estado”.