Que fuera la propia Generalitat catalana la que admitiera que el concurso público para comprar urnas tuviera como destino el referéndum independetista de septiembre es poco menos que un «cebo» para intentar tapar las últimas revelaciones en torno a la familia Pujol. Eso se malician desde Moncloa, que pone el acento en cómo «coinciden» ambos hechos en el tiempo. Una especie de huída hacia adelante conforme se van conociendo las andanzas de una «organización criminal» que funciona como una «Familia», así, con mayúsculas y que emplea términos como «madre superiora» o «misales» para ocultar sus movimiento de capital en el extranjero, tal y como ha hecho la madre del clan, Marta Ferrusola.

El gobierno de la Generalitat ha hecho pública la licitación para adquirir 12.000 urnas por valor de 200.000 euros. En un principio se intentó disfrazar dicha licitación bajo el argumento de que las urnas estaban destinadas para celebrar las consultas que les faculta su estatuto. Así se intentaba evitar una impugnación de los tribunales, aunque fue el propio vicepresidente del ejecutivo autónomo, Oriol Junqueras, el que admitió el destino de esas urnas.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado en los pasillos del Senado que desde el auto del Triubnal Constitucional del 14 de febrero «está muy claro que la Generalitat no puede llevar a cabo ninguna actuación preparatoria del referéndum» y el TC ha advertido a los altos cargos del gobierno regional en este sentido.

Aun así, se ha producido «el anuncio del anuncio de la compra de urnas para el referéndum, con lo que hay confesión de parte. España es un estado de derecho serio que hace que las leyes y las resoluciones de los tribunales se cumplan porque es lo q he sustenta nuestra democracia».

El senador convergente Cleries y la vicepresidenta se enfrenta a costa del cupo vasco

Respeto a si el Gobierno va a desarrollar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que faculta para asumir competencias autonómicas, ha defendió la «número dos» del Gobierno que el TC «ha ido parando todos y cada uno de las actuaciones de l Generalitat y los que deberían plantearse parar de una vez son ellos. No puede ser que se aprueben unas partidas para el referéndum y cuando los tribunales les preguntan digan que es un brindis al sol. Cataluña se merece un gobierno serio que respeta a todos los catalanes y que todos los diputados puedan hablar en ese parlamento o que no se amenace a los funcionarios».

Poco antes, Santamaria y el senador del PDeCat, Josep Lluis Cleries, han protagonizado un enfrentamiento a cuenta del independesntismo que va camino de convertirse en un gran clásico de la Cámara Alta. Éste ha dicho que en el País Vasco «cobran» por estar en España, en relación con la renovación del cupo y el acuerdo presupuestario y que, en cambio, Cataluña «paga». La vicepresidenta ha replicado con los mas del mil millones que este territorio recibirá de forma adicional a los presupuestos.  «Y si tanto le preocupa la financiación de Cataluña ¿puede respodnr por qué su gobierno no ha enviado a ningún experto a la comisión que trabaja para arreglar la financiación de los servicios públicos?», le ha espetado.