El juez del caso Púnica Eloy Velasco y las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García avalaron en sendos escritos el pasado 6 de marzo que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, presentaban irregularidades, según informa eldiario.es.

Son documentos que obran en el sumario de la causa, ambos fechados cinco días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara un informe en el que pedía que se investigara a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011.

Ella entonces presidía la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y a su vez participó en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, empresario que previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron para financiar ilegalmente al PP. El juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción, según indicaron ayer fuentes jurídicas.

Pero, con independencia de que no aprecie responsabilidad en el papel de Cifuentes, en un auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de «sólidos indicios» que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández «fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes». Contratos «donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas», afirma sin aludir a Cristina Cifuentes, a la que sí señala la UCO en su informe.

El juez asegura en ese auto que los informes policiales ofrecen evidencias de que, a través de la cuenta de Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales. Y detecta «en relación con los referidos hechos» los «sólidos indicios» de que empresarios como Arturo Fernández recibieron adjudicaciones posteriormente.

En cuanto a las fiscales, en otro informe fechado ese mismo día, apuntan, en relación a las adjudicaciones a Arturo, que «siempre» que el empresario «se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011».

«Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe», recalcaron ese escrito las fiscales del caso. A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la «financiación irregular de excesos electorales».

Merino recibió cuatro cajas en su despacho

Días después de que juez y fiscales emitieran esos informes, la UCO tomó declaración a varias personas como investigadas en relación a las adjudicaciones, entre ellas a la jefa de relaciones externas y protocolo de la Asamblea de Madrid, María Merino, quien fue parte, además de Cifuentes, de la comisión de expertos de las licitaciones de 2009 y 2011. Merino afirmó, según consta en su declaración, que encontró un día en su despacho cuatro cajas cerradas con los pliegos de 2009 y que «se asustó y no sabía qué hacer», pero que nunca valoró la ofertas.

Sí participó en una reunión «muy corta» y «meramente expositiva» en el despacho de Cifuentes junto a la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder, quien dio sus razonamientos jurídicos al respecto y «no hubo deliberación». «Nadie expuso nada, no había nada que discutir», añadió sobre la reunión, que se repitió en la adjudicación de 2011.

Preguntada acerca de algunas de las irregularidades detectadas en el proceso, como penalizar a una empresa por presentar mal las certificaciones y no penalizar a Cantoblanco cuando no presentó ninguna, afirmó que ella no realizó ninguna valoración y que fueron Tatiana Recoder en 2009 y Arturo Zubiri en 2011 quienes las hicieron.

Recoder, por su parte, afirmó el pasado 9 de marzo a la Guardia Civil que ella hizo la recomendación respecto a una incompatibilidad de Cifuentes como miembro del comité de expertos y presidenta de la mesa de adjudicación, pero que no volvió a ver el pliego de 2009 que resultó definitivamente aprobado.

Se limitó, añadió, a hacer un informe jurídico sin entrar a valorar los criterios de adjudicación y confirmó esa reunión en el despacho de Cifuentes, en la que, dijo, se establecieron formas de valorar «los más objetivas posibles según lo que se consideraba que tenía que valorarse». No le «chocó», añadió, que entre los criterios se valorara más a las empresas que tenían experiencia en el sector público, pero que «en ningún caso hubo mala fe».

Zubiri, funcionario de la Asamblea y que fue interventor en dos periodos distintos, también declaró ante la Guardia Civil sobre la adjudicación de 2011. Afirmó que él, como vocal y secretario del comité de expertos, recibió las ofertas e hizo las valoraciones, tras lo que se reunió en el despacho de Cifuentes con ella y con Merino, quien criticó alguna de las puntuaciones, que se modificaron, aunque ello no varió la empresa que él había puntuado en primer lugar, Cantoblanco. «Cristina Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones. Una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el acuerdo», añadió.

El funcionario se mostró extrañado cuando se le mostraron unos documentos presentados por otra empresa licitadora: «No lo entiendo, no me consta que esta documentación que ahora es visionada sea la que examiné en el expediente que me remitió la Secretaría General», pero agregó que «la oferta de Arturo era mejor».