La Audiencia Nacional ha vuelto a poner el foco en otro de los miembros del PP de la Comunidad de Madrid en su investigación sobre el desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II. Según informa Eldiario.es, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado documentación relativa a la actividad tributaria y a los ingresos del ex presidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón. Concretamente, sus ingresos derivados de «operaciones con terceros de actividades profesionales».

Ruiz-Gallardón presidía en el año 2001 el Consejo de Gobierno que autorizó la adquisición de la sociedad colombiana Inassa y el método empleado para la misma, la creación previa de una sociedad en Panamá, según apunta el diario. Los investigadores sospechan que se haya producido un «supuesto desvío de fondos públicos» utilizando una sociedad radicada en un «paraíso fiscal».

La propuesta de la UCO acerca de investigar a Ruiz-Gallardón fue avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según eldiario.es.

Dicha investigación comenzó el pasado mes de abril, pero fue en noviembre de 2016 cuando surgieron las primeras sospechas sobre el ex presidente de la Comunidad de Madrid en el despacho de su sucesor, Ignacio González. En una conversación grabada por los micrófonos de la Guardia Civil, su compañero de partido Eduardo Zaplana afirma que se encontró Ruiz-Gallardón en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del ex ministro de Justicia y que éste, «sin cortarse», le dijo: «Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero».

En noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa.

Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá creen que «presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón fue el responsable de la adquisición fraudulenta y estableció un pacto de silencio con Ignacio González», quien se convirtió en presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre. A su juicio, éste habría repetido una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013.