La Audiencia Nacional decretó prisión provisional para el 94% de los detenidos por la Policía Nacional en los últimos cinco años por su vinculación con el terrorismo yihadista, cifra que da una idea de la carga probatoria puesta a disposición de la autoridad judicial y de la eficacia de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la detección temprana de seguidores de los postulados del Daesh antes de la eventual comisión de acciones violentas.

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo socialista en el Congreso, con la que esta formación quería conocer las armas de fuego y explosivos intervenidos a terroristas yihadistas desde 2012, el Gobierno detalla que la Comisaría General de Información ha llevado a cabo en este periodo 52 operaciones contra redes que operan tanto dentro de España como en el exterior y que se saldaron con la detención de 195 personas. Para 183, los jueces dictaron auto de prisión, decretándose en otros casos la expulsión del país o medidas cautelares para los detenidos como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Del medio centenar de operaciones llevadas a cabo en este periodo, tan sólo un caso se saldó con la absolución parcial de los detenidos, en una decisión que fue recurrida por el Ministerio Fiscal. Con todo, en aquella ocasión se intervino una pistola “con plena eficacia de uso”, según se detalla en la citada respuesta parlamentaria.

De los 195 detenidos por la Policía Nacional desde 2012, los jueces decretaron prisión preventiva para 183

“Se está haciendo un buen trabajo de investigación policial y existe una excelente coordinación con la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional”, explican a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista, que destacan los “contundentes” indicios probatorios que apoyan por lo general las operaciones policiales.

Las fuentes señalan como punto de inflexión la modificación en 2015 del Código Penal, que incorpora nuevos delitos relacionados con el terrorismo yihadista. El nuevo texto ya no sólo penaliza a las personas que realizan la captación de terceros, sino que castiga también a los que se preparan para acometer en el futuro acciones terroristas y a los que se desplazan al exterior para combatir a favor de estas organizaciones. Asimismo, el Código Penal vigente incrementa de dos a tres años la pena por enaltecimiento terrorista, lo que abre la puerta a que un detenido sin antecedentes pueda acabar en prisión por la comisión de este delito.

Esta misma semana, el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha dictado prisión provisional comunicada e incondicional para los dos detenidos en la madrugada del pasado martes en Madrid -los marroquíes Abdessamad Ghailani Hassani y Zouhair Terrach, en “avanzado” proceso de radicalización- como integrantes de una célula terrorista especializada en realizar la yihad electrónica.

Se hace un buen trabajo de investigación policial y existe una excelente coordinación con fiscales y jueces”, dicen fuentes antiterrroristas

La autorización judicial de las comunicaciones telefónicas y telemáticas de los dos detenidos permitió conocer a los investigadores que visitaban con mucha frecuencia páginas-perfil de Facebook que “abordaban la temática del terrorismo yihadista desde una perspectiva no sólo ideológica sino también operativa”.

“La investigación llevada a cabo determina la existencia de indicios racionales de que Abdessamad Ghailani se habría estado preparando para cometer acciones violentas a instancias de órdenes recibidas desde plataformas virutales, como se desprende del hecho de ser seguidor de varias páginas repletas de tutoriales dirigidos a formar a las personas seguidoras de la organización terrorista DAESH en la fabricación de artefactos a través de métodos rudimentarios”, expone el juez Fernando Andreu en el auto por el que envía a prisión a Ghailani bajo la acusación de delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento y adiestramiento para la comisión de delitos de terrorismo y enaltecimiento terrorista.

El magistrado considera que la medida de prisión, solicitada por el Ministerio Fiscal, está “plenamente justificada” en este caso a fin de conjurar el riesgo de fuga y atendiendo a la gravedad de la pena a que se expone a ser condenado, lo que podría constituir una “tentación suficientemente intensa” como para tratar de ponerse “fuera del alcance del aparato judicial” en caso de decretarse su puesta en libertad.

El borrón lo constituye la operación que la Brigada de Información provincial de Madrid desplegó en vísperas de la pasada Nochevieja, cuando detuvo a dos jóvenes -Edrissa Ceesay y Samir Sennouni, españoles pero de origen gambiano y marroquí- por su supuesta relación con el terrorismo yihadista. Después de permanecer casi un mes en prisión, el juez de la Audiencia Nacional decretó su puesta en libertad sin cargos al considerar que se habían “desvanecido” todos los indicios que sustentaban la incriminación policial: no había “dato alguno” que acreditara que los detenidos se habían radicalizado ni que el cargador del kalashnikov hallado en el registro les perteneciera.

Incautación de armas y explosivos

Junto a la detención de casi 200 personas, los 52 operativos desarrollados desde 2012 han permitido a la policía la incautación de dos revólveres, un rifle, una pistola, dos escopetas de caza, un artefacto explosivo improvisado y 2.507 cartuchos, así como uniformes de guerra y una “amplia variedad” de recursos informáticos con relevante información para los investigadores.

El Gobierno recuerda también la actuación llevada a cabo por la Policía Nacional que permitió la desarticulación de una organización criminal dedicada a la proliferación y al tráfico ilícito de armas. Esa operación permitió la intervención de más de 8.000 armas de guerra listas para su venta en el mercado negro internacional, con el riesgo potencial de que una parte hubiera podido acabar en manos de redes yihadistas. “Esta actividad contraterrorista ha conseguido evitar y neutralizar que otras células desarticuladas hayan logrado la adquisición de armas, explosivos y munición”, destaca el Ejecutivo en la respuesta.