Mariano Rajoy deberá comparecer personalmente en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) el próximo 26 de julio a las 9.30 de la mañana para declarar como testigo en el caso Gürtel por decisión de dos de los tres jueces que conformar el tribunal que enjuicia esta trama de corrupción. El presidente de esta sala, Ángel Hurtado, ha defendido que esta comparecencia se podía haber realizado por videoconferencia.

Los jueces rechazan los argumentos esgrimidos por el presidente del Gobierno que solicitó que su presencia en este juicio fuera por videoconferencia al alegar medidas de seguridad y dadas las obligaciones de su cargo.

Sin embargo, los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego explican que la sede de San Fernando «cuenta con mayores garantías» de seguridad de las que pueden ofrecer «otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid» donde el presidente del Gobierno «ha protagonizado actos o reuniones». También subrayan que Rajoy ha participado «en mercados y en otros foros populares» en encuentros con «ciudadanos en campañas electorales».

A 18 km de Madrid

Asimismo, los jueces rechazan que el desplazamiento del presidente del Gobierno a 18 kilómetros de Madrid tenga que suponer «un despliegue importante de recursos públicos».

Los magistrados tampoco dan la razón a Rajoy, que alegó que no podía desplazarse a la sede de la Audiencia Nacional por «los numerosos actos y reuniones» previstas tanto dentro como fuera de España. Los jueces subrayan que la fecha ha sido elegida por él «precisamente en función de su agenda» y porque el tiempo que ocupará esta declaración será el mismo tanto si lo hace en persona como por videoconferecia.

Además, el tribunal señala que Rajoy no comparece en su calidad de presidente del Gobierno, sino por los cargos que ostentaba en el PP cuando supuestamente los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda se financiaron ilegalmente en las elecciones municipales de 2003.

Colaboración con la justicia

Por ello, sostienen que Rajoy debe colaborar con la justicia «y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de Derecho». Y es que los togados le aclaran que la Audiencia Nacional «se sitúa en el mismo plano en cuanto  a los poderes del Estado que el Ejecutivo».

Por estos motivos, el tribunal afirma que la «comparecencia personal» del «representante máximo» del Gobierno «en sana relación institucional» se ajusta a derecho.

Los magistrados también abundan en «la importancia de su declaración» por los conocimientos y datos que pueda aportar sobre esta trama de corrupción «hacen que la inmediación y la contradicción» obligue a que su presencia física sea preferente.

Declaración en estrados

No obstante, los jueces le adelantan que van a adoptar medidas para «preservar su imagen institucional» por lo que le permitirán declarar en estrados para evitar la foto de que detrás de él se vean a los acusados en este proceso como Francisco Correa o Luis Bárcenas.

Por su parte, el presidente de este tribunal, Ángel Hurtado, se opone a esta decisión por «los efectos mediáticos y metajurídicos» de esta comparecencia. Este juez sostiene que la presencia de Rajoy en la vista afecta «a su posición institucional» por el cargo que ahora ostenta cuando va a declarar por hechos en los que no era presidente del Gobierno.

Además, este juez considera que la presencia física de Rajoy en la sede de San Fernando va a suponer un «importante despliegue de medios humanos y materiales». Por ello, defiende la declaración por videoconferencia por ser «un instrumento más idóneo y menos perturbador para el ejercicio de las funciones y responsabilidades» del presidente del Ejecutivo.