Los juristas consultados por el Independiente ven factible acusar a Carles Puigdemont de un delito de sedición si finalmente convoca el referéndum o declara unilateralmente la independencia, pero apuestan por recurrir a esta posibilidad solo si fallan todas las anteriores, es decir, si el president logra sortear los obstáculos legales y administrativos para sacar las urnas a la calle.

Fiscales del Tribunal Supremo explican que si se cumplen los pronósticos y el president del Govern desobedece un nuevo mandato del Tribunal Constitucional se le podría imputar un delito de sedición.

Estas fuentes explican que esta figura no exige, como opinan otros juristas, la existencia de un tumulto para aplicarla. Basta con «un incumplimiento contumaz y manifiesto de las resoluciones judiciales», apostillan. Y es que estas fuentes recuerdan que el reto catalán «ha sido preparado y planificado».

Falta el tumulto

Sin embargo, la catedrática de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixas considera que, de momento, no se podría aplicar este delito porque falta un único elemento: el tumultuario. No obstante, reconoce que se dan los demás requisitos que exige la ley. «Sería necesario un enfrentamiento de orden público» agrega.

Por su parte, el profesor de la misma universidad José María Fuster Fabra sostiene que «se podría estudiar» la aplicación de este delito cuando «se haya celebrado el referéndum ilegal o se haya proclamado la independencia». Antes defiende que se agoten otras vías.

Estas pasan en primer lugar por el Tribunal Constitucional (TC) que, en cuanto reciba la impugnación del Gobierno a la convocatoria del referéndum, suspenderá este decreto. Los jueces son conscientes de que ante este nuevo pulso su respuesta debe ser «unánime y contundente», según fuentes del alto tribunal .

Tres posibilidades

No obstante, estas fuentes no se atreven a adelantar que el TC opte ya por aplicar la norma que le permite suspender en sus funciones a las autoridades que desobedezcan sus resoluciones. Y es que las fuentes jurídicas consultadas avanzan que el Gobierno tiene que jugar sus cartas.

Luis Aguiar, catedrático de derecho constitucional de la Carlos III, apunta que el Ejecutivo tiene tres posibilidades en la mano y está convencido en que va a poner en marcha las dos primeras. El recurso ante el TC y la querella penal presentada por la fiscalía. El tercero, la aplicación de la suspensión de algunas funciones de la Generalitat que permite el artículo 155 de la Constitución, lo ve posible, pero como último recurso.

Por su parte, Freixas defiende la aplicación de la ley de Seguridad Nacional del 2015 que permite, entre otras cosas, que el Estado asuma el control de los Mossos d`Esquadra.

Una norma que, en su preámbulo, explica que la seguridad nacional «se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». Y añade que «la seguridad nacional debe ser considerada un objetivo compartido por las diferentes administraciones estatal, autonómica y local».

Los funcionarios, claves ante el reto

Por su parte, Fuster Fabra sostiene que la llave de este desafío está en manos de los funcionarios que trabajan en Cataluña. «Van a recibir una orden política y una judicial contradictorias». «Si desobedecen a los jueces pueden acabar inhabilitados», explica. Por ello, confía en que no lleven a cabo actos que permitan la celebración de la consulta porque los funcionarios se planten.

Esta opinión es compartida por fiscales del Tribunal Supremo que sostienen que el Gobierno tiene que hacer todo lo posible para evitar otro 9-N. «Si es necesario poner a policías en los colegios electorales se debe hacer», explican. Aunque estas fuentes reconocen que la vía penal es el verdadero «poder coercitivo» y la respuesta idónea para responder al desafío de Puigdemont, pero en función «de los escenarios» que se abran tras la convocatoria del referéndum independentista.