La Fiscalía de Granada ha pedido más de nueve años de cárcel para el coronel de la Guardia Civil Francisco Santaella, que estuvo al mando de la Comandancia de Granada y que ya fue procesado en diciembre acusado de «proteger» a dos narcotraficantes y permitir su introducción de droga en la península a cambio de elevadas sumas de dinero cifradas en, al menos, 400.000 euros. El escrito de acusación de la Fiscalía pide cuatro años de prisión por posibles delitos de cohecho y cinco y tres meses por el delito de salud pública.

La juez instructora del caso, Mª Ángeles Jiménez Muñoz, también estuvo a punto de sentar en el banquillo de los acusados a otro coronel, Francisco Ortiz Clavero, por un presunto delito de encubrimiento en relación con este caso. En un auto fechado el 21 de diciembre de 2016  le acusa de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, mientras que al coronel Clavero se le imputa un presunto delito de encubrimiento, dado que era la persona que dirigía la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en los años 2005 y 2006. Ésta fue la unidad  encargada de abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades de Santaella.

El auto judicial sitúa al coronel Santaella al frente de una organización criminal perfectamente estructurada y destinada al tráfico de drogas junto con el ciudadano marroquí Rachid Zairi. Este último se encargaba de contactar en Marruecos con productores de hachís para su envío a la península. El entonces comandante Santaella, responsable de la Jefatura de Policía Judicial e Información de la Comandancia de Granada, ejercía “labores de seguridad” para la organización “que garantizaban la entrada de hachís en territorio español, por lo que recibía la cuantía de 120.000 euros por trabajo realizado, independientemente de la cantidad de droga que se introdujera”.

Santaella fue destituido en 2015 después de que un narcotraficante le reconociera tras ser detenido

Santaella, quien fuera jefe de Información y Policía Judicial del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Granada, fue destituido por la Dirección General del Instituto Armado ante las sospechas en abril de 2015, cuando era subdirector general de Personal en Madrid. Probablemente seguiría en su cargo si el presunto narcotraficante de nacionalidad marroquí Rachid Zairi no hubiese mencionado en sus conversaciones telefónicas el nombre de ‘padre’.

Cuando a finales de 2014, y tras meses de investigación, los miembros de la Guardia Civil pusieron punto final a la operación Golia, en la que se desarticuló una importante red de narcotráfico que operaba en la provincia de Granada, los agentes tenían especial curiosidad por saber quién se escondía detrás de aquel nombre en clave mencionado y transcrito en las conversaciones telefónicas. Y una de sus primeras preguntas a los presuntos cabecillas de la red fue dirigida precisamente a conocer la identidad de ‘padre’. Tanto Rachid Zairi como David García confirmaron a los agentes, por separado,  la peor de las noticias: detrás de ‘padre’ se escondía un alto mando de la Benemérita: el coronel Santaella. Tras la revelación, se abrió un proceso de investigación e hicieron que los narcotraficantes reconocieran mediante imágenes al coronel implicado.

La Asocaición Unificada de Guardia Civil considera en un comunicado «enormemente preocupante» que altos mandos de la Guardia Civil «se vean implicados supuestamente en delitos cuya persecución constituía su principal misión». La AUCG también aprovecha para denunciar la «falta de reacción» que «suele caracterizar a la Dirección General» de la Guardia Civil, «que únicamente forzada por las evidencias, termina apartando a los altos mandos de las funciones de alta responsabilidad que tiene encomendadas».

En este sentido, la Asociación lamenta la respuesta de la Guardia Civil a las múltiples denuncias que emprenden contra posibles casos de corrupción. «Lejos de obtener un reconocimiento  favorable en este sentido, por su labor a favor de la Institución,  nuestra organización se ve con frecuencia perseguida por este motivo, y sus representantes represaliados», detalla el escrito, que apunta a que «la Guardia Civil debe mostrar un comportamiento modélico en combatir esta lacra [la corrupción] dentro de sus propias filas».