El Tribunal Supremo ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el ataque sufrido por dos guardias civiles, acompañados por sus parejas, en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016. El alto tribunal resuelve así en favor de la Audiencia Nacional la cuestión de competencia planteada por un juzgado de Pamplona a instancias de la Audiencia de Navarra, que estimaba que la causa debía juzgarse allí.

El Supremo señala que, en una valoración provisional, y a los solos efectos de determinar la competencia, puede apreciarse indiciariamente un encaje en un delito de terrorismo que se encuadra en la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Estado de terror

“La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes”, explica el alto tribunal. Los jueces también aprecian que los hechos se han dirigido contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias a los que se ha querido generar “un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios”.

Por ello, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, el Supremo cree que la competencia debe resolverse en este momento a favor de la Audiencia Nacional, que se encarga de los delitos de terrorismo, sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento.

El auto del Supremo expone que los hechos denunciados se refieren a una agresión sufrida por dos miembros de la Guardia Civil el 15 de octubre de 2016, en Alsasua, cometida por un grupo de personas, alguna de ellas, según los informes policiales, aparece indiciariamente relacionada con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante actos reiterados de protesta, presión y hostigamento contra los agentes y sus familias.

Los hechos

Los hechos ocurrieron cuando una persona vinculada a esos grupos inició el enfrentamiento y la agresión. “Como consecuencia de los hechos, los agredidos resultaron lesionados, presentando uno de ellos, según el informe del Ministerio Fiscal, una fractura desplazada de tobillo derecho”, indica el auto.

La cuestión de competencia fue planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por orden de la Audiencia Provincial de Navarra al resolver un recurso de apelación contra un auto del citado Juzgado en el que, inicialmente, se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional. La Audiencia navarra corrigió al Juzgado al considerar que la competencia era suya. Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción comenzó a investigar los hechos a raíz de una denuncia de la asociación Covite, de víctimas del terrorismo.

Frustración y enfado entre los familiares

Las familias de los jóvenes de Alsasua procesados por la agresión a dos guardias civiles han mostrado su “enfado, tristeza, hartazgo, impotencia y frustración” tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar a la Audiencia Nacional competente para investigar el caso.

En un comunicado, los familiares han afirmado que “desde el inicio” están viviendo “una situación de indefensión y falta de justicia” y han considerado que “este caso, desde instancias que no llegamos a concretar, lo están utilizando de una manera ejemplarizante y no desde parámetros jurídicos”. “Sentimos que se está utilizando a nuestros hijos con unos fines que no terminamos de entender donde aparentemente la venganza y el odio guían las decisiones que se van tomando y que los derechos de proporcionalidad, equidad, justicia y presunción de inocencia, han sido en este caso totalmente omitidos”, han sostenido.

Finalmente, los familiares han agradecido “el apoyo que estamos recibiendo desde la sociedad navarra, el resto de Euskal Herria y desde otros tantos sitios” y han reivindicado que sus hijos “tienen que estar libres”. “Esto es injusto y seguiremos luchando hasta tener a nuestros hijos en la calle y libres”, han concluido.