El Gobierno confía plenamente en el respeto a la legalidad constitucional de la policía autonómica catalana. No se trata de una cuestión voluntarista de Moncloa como del mensaje claro que ha llegado de ésta vía Delegación del Gobierno en Cataluña. Los Mossos d’Esquadra «van a estar del lado de la legalidad», afirman tajantes fuentes de Moncloa que, acaso, sí dudan de algunos de sus mandos «por responder a nombramientos de índole política», aunque minimizan la influencia que puedan ejercer en un escenario de ruptura.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se ha reunido con representantes de los principales sindicatos de los Mossos, el SAP, que es mayoritario, además del SME y del SPC. Es a través de esos contactos que le han transmitido «su acatamiento a la Constitución y al Estatuto de autonomía», al tiempo que han mostrado su profundo malestar por las amenazas nada veladas que en su momento lanzó contra este cuerpo policial el diputado de Junts Pel Sí Lluis Llach, en el sentido de que sería sancionados de no someterse al proceso independentista.

Los sindicatos de la policía autonómica se han venido reuniendo con el delegado del Gobierno en Cataluña

Y es que los Mossos, cerca de 17.000 agentes, son fundamentales tanto en la organización del hipotético referéndum para la secesión como en una declaración unilateral de independencia, dado que a ellos compete la seguridad ciudadana y el futuro control de los centros neurálgicos conforme a la Ley de Desconexión. De hecho, cuando se habla de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que habilita al Ejecutivo central a asumir algunas de las competencias autonómicas en caso de incumplimiento de la ley por parte de los representantes políticos en el territorio, dos son los objetivos principales, a saber, la intervención de la Tesorería, de modo que la política económica de la Comunidad queda en manos de la Administración del Estado, y el control de los Mossos.

Sin ellos no se pueden custodiar los colegios electorales ni las urnas en una consulta; sin ellos no se podría tomar el mando de los puertos, aeropuertos, fronteras, torres de comunicación o edificios del Estado en una independencia unilateral. Por ello, han expresado su lealtad constitucional en las reuniones con Millo pero, también, «no verse desasistidos por el Gobierno central», a sabiendas que algunos de sus superiores intermedios y pocos agentes, apenas trescientos, están con el proceso independentista. No parece ser el caso del director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Battlle, poco dispuesto a desobedecer a los jueces, a la Fiscalía y al Constitucional. Así, al menos lo puso él mismo de manifiesto recientemente cuando afirmó que detendría a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, si lo decidiera un juez. En definitiva, una china, y no menor, en el zapato del «procès».

Los Mossos aseguran estar con la Constitución y el Estatuto, pero piden no ser desasistidos por el Gobierno central

Además, el sometimiento de la policía autonómica catalana a los requerimientos de la Generalitat supondría dar un salto cualitativo en el Código Penal. Tal y como reveló El Independiente, la Fiscalía acusaría a Carles Puigdemont de delito de sedición si utilizara a los Mossos para imponer el orden en la «nueva república», dado que haría uso de la fuerza para impedir la aplicación de las Leyes, conforme al artículo 544 del Código Penal.

Por eso, uno de los objetivos de Millo en cuanto aterrizó en la Delegación del Gobierno en Cataluña, fue la de iniciar una apretada agenda de contactos con distintos sectores sociales, económicos, empresariales y culturales, pero, también, y muy especialmente, con las organizaciones que representan a los Mossos así como las mayoritarias de funcionarios. Tanto un colectivo como otro son fundamentales para los planes independentistas y Moncloa necesitaba pulsar por dónde respiran ambos.

«Dudosa legalidad»

Millo hizo llegar al departamento de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los resultados de esos encuentros. Ambos encabezan la llamada «operación diálogo», pero tienen un «plan b» sobre la mesa si éste fracasa estrepitosamente que no es otro que la aplicación de todos los instrumentos que permite la ley. Por su parte, la también ministra para las Administraciones Públicas ha celebrado reuniones con organizaciones de funcionarios como el CSIF, que se han publicitado. A éstos les garantizó que el principal objetivo del Gobierno será evitar que los empleados públicos «se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad» en Cataluña. No ha trascendido si ha mantenido contactos con representantes de los Mossos, pero para eso, Millo es “los ojos, los oídos, la mano derecha e incluso la izquierda del Gobierno del Estado en Cataluña”, según le definió Santamaría en su toma de posesión en Barcelona.