La jefa de protocolo de la Asamblea de Madrid, María Merino, ha asegurado este viernes que no fue “legal” modificar los criterios de valoración de experiencia en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea. Merino se ha expresado así durante la comisión de investigación del Parlamento regional que investiga estas licitaciones, que recayeron sobre el grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández, y por las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Cifuentes presidía la junta de contratación de la Asamblea durante los períodos en los que estos contratos fueron adjudicados al grupo de Arturo Fernández, 2009 y 2011. En ambos concursos, se modificaron los pliegos que establecían un 30% de valoración general para la experiencia de las empresas competidoras, partiéndola en dos: un 20% por la experiencia en el sector público y un 10% por la del sector privado. Los investigadores consideran que ésta modificación se hizo para beneficiar al posterior vencedor del concurso.

Merino ha insistido en la ilegalidad de la modificación del criterio, aunque ha subrayado que, de haberse aplicado el criterio común, la candidatura del empresario Arturo Fernández habría recibido igualmente la mejor valoración.

La letrada jefe de Asesoría Jurídica de la Asamblea, Tatiana Recoder, que también formaba parte del comité de expertos que valoraba las contrataciones, junto a la presidenta Cristina Cifuentes, no ha querido declarar en esta comisión.