El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella contra la consellera de Gobiernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de unas 8.000 urnas destinadas, supuestamente, a la celebración del referéndum de independencia, aunque en el texto aprobado por el Diario Oficial de la Generalitat se remite el concurso a la celebración de elecciones autonómicas, que sí son competencia del Gobierno autonómico.

La Fiscalía acusa a Borrás y al Secretario General de su Departamento, Francesc Esteve, de los delitos de desobediencia, "prevaricación continuada y malversación de caudales públicos" por el concurso para el suministro de urnas. En su escrito, señala que “en su voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación, al objeto de mantener el propósito contenido de crear un Estado catalán independiente, los querellados, adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum".

Para ello, sigue diciendo la querella, dictaron un Acuerdo Marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, en el marco de la Ley Orgánica de régimen electoral general, así como en el del Estatut de Autonomía.

El acuerdo por el que la Fiscalía ha presentado la querella contra Borràs y Esteve es el concurso para la selección de empresas para el suministro de urnas electorales transparentes y urnas de cartón, con un plazo de vigencia de 48 meses, con un valor estimado el contrato de 200.000 euros, que también es el presupuesto base de licitación.

No nos frenarán

El anuncio de la admisión a trámite ha provocado de nuevo el rechazo de las formaciones independentistas y CSQP, mientras el PSC abogaba por el diálogo y C's reclama respeto a la ley. El portavoz del PDCat en el Parlament, Roger Torrent, ha hablado de "politización cutre de la justicia" y ha asegurado que "la democracia no se para con querellas,  seguimos trabajando y quedan pocos días para que se pongan las urnas, ni querellas ni tribunales lo impedirán".

El portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, ha lamentado por su parte que "la judicialización es un error que impide una solución política" ya ha advertido, en contra de las tesis de la Fiscalía, de que "no hay delitos de intención, no se puede prejuzgar que estas urnas se usaran para referéndum".