El pasado martes, el Ayuntamiento de Lleida que gobierna el socialista Ángel Ros rechazó, en un pleno extraordinario, apoyar o ceder espacios públicos para el referéndum independentista del 1 de octubre. Al día siguiente, la sede del PSC amanecía con pintadas en las que volvía a resucitarse el GAL y se defendía el referéndum independentista. Es la última muestra, pero ni mucho menos la única, de la presión a la que el proceso independentista somete a los consistorios. Una presión que irá en aumento, en un proceso en el que los alcaldes socialistas van a convertirse en centro de la disputa.

La AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) integra a 787 municipios de los 947 catalanes, pero solo representa al 46% de la población. La explicación está en que no ha podido incorporar a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona -Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Cornellà, etc- ni las capitales de Lleida y Tarragona, que representan más de la mitad de la población de Cataluña. Una proporción que explica la importancia de los consistorios socialistas en esta batalla.

La AMI integra a 787 municipios de los 947 catalanes, pero solo representa al 46% de la población

Pero los municipios son una pieza clave en el desafío independentista. Ya lo fueron en la consulta del 9N de 2014, cuando prácticamente todos los consistorios de Cataluña -incluidos algunos gobernados por el PP- cedieron espacios públicos para la consulta, que en aquella ocasión se presentó como un acto reivindicativo. La Generalitat cuenta con suficientes locales propios en las ciudades, especialmente institutos, pero en los pueblos los mayores gestores de espacios públicos -colegios o centros cívicos- son los ayuntamientos.

Junto a la cuestión de los espacios públicos que pretenden utilizar como colegios electorales, algunas voces denuncian el intento de socializar la responsabilidad en la organización de la consulta, diluyéndola en muchos actores, para dificultar las inhabilitaciones.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, reconoce en este sentido que «la presión sobre los ayuntamientos socialistas será fuerte, porque la Generalitat busca derivar responsabilidades en los consistorios», pero no contempla otra opción que el cumplimiento de la ley por parte de todos los cargos locales socialistas, tal como reclama la dirección del PSC.

Argumentario del PSC

En este contexto, se enmarca el argumentario elaborado por la dirección socialista catalana y distribuido ya a todos los cargos locales con tres indicaciones imperativas para sus alcaldes. «No participaremos» en un referéndum unilateral -y por tanto ilegal-, «ni prestaremos apoyo político o colaboración institucional» a su organización.

En este sentido, añade el texto, «si el Govern pide la colaboración de otras administraciones (ayuntamientos) exigiremos que lo haga de forma oficial y por escrito debidamente firmado por el responsable que corresponda, y antes de tomar cualquier decisión al respecto, pediremos informe escrito y firmado por el secretario de la Corporación». Por último, añade la exigencia de «proteger al funcionariado para que no se les exija que colaboren con ninguna iniciativa que no tenga cobertura legal».

Alcaldes como el propio Ros o Antoni Balmón (Cornellà) han dejado claro en público que no van a sumarse al desafío independentista en ningún sentido. Pero otros dirigentes locales como el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha asegurado que él «no es nadie» para frenar la votación. En un escrito para argumentar su posición, Ballart defendió la vía socialista de un referéndum en toda España para validar una reforma de la Constitución y denunció la «intolerable presión a la que estamos sometidos los alcaldes, que no tenemos ninguna información sobre las intenciones de la Generalitat».

Pero también dejó claro que «en Terrassa no será el alcalde quien impida el voto», por dos razones: «Porque la Generalitat, si quiere, tiene suficientes equipamientos . Y porque hay una mayoría absoluta en el pleno, al margen del PSC, que votó a favor del Pacto Nacional por el Referéndum (TeC, ERC, PDCat y CUP)». Por ello, se acogerá a la recomendación del partido y pedirá un informe al secretario municipal para decidir su postura.

La situación de Ballart se reproduce en otros consistorios, donde los ediles del PSC apoyaron en su momento mociones a favor del Pacto Nacional por el Referéndum, alegando, eso sí, que se refería a un referéndum acordado, en consistorios con mayoría independentista. Algunos de ellos se han sumado además a la AMI.

La presión sobre estos consistorios se recrudecerá en las próximas semanas. La primera muestra será el acto que la AMI ha convocado el 1 de julio en apoyo de Carles Puigdemont y su proyecto de referéndum, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el convergente Miquel Buch, afirmó al anunciar el acto que esperan ver ahí a todos los alcaldes catalanes. «Hay 900 mociones aprobadas por el derecho a decidir. Esperamos que estos 900 alcaldes estén ahí».

La batalla de las mociones será la segunda vía de presión. La portavoz de C’s en Lleida, Angeles Ribes, recuerda con ironía que la del martes fue la novena vez que se vota una moción sobre el referéndum en el consistorio y está convencida de que «vamos a tener una escalada de presiones de todo tipo para ceder espacios», incluidas manifestaciones en contra de los partidos que forman parte del gobierno local.

Presiones a favor y en contra

Una presión que no sólo ejercen los defensores del referéndum. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol ha anunciado esta semana que todos los regidores populares en Cataluña presentarán mociones de rechazo al referéndum en las que se pide «compromiso del Ayuntamiento de no dar apoyo ni proporcionar medios, ni personal municipal el 1 de octubre, en relación a la celebración del referéndum ilegal que se pretende celebrar».

En su texto, los populares recuerdan que tanto el PP como C’s, PSC y CSQP se han declarado en contra de la celebración de la consulta, algo que no es exactamente cierto en el caso de los Comunes. Tanto para las confluencias de izquierda como para el PSC tiene un enorme coste de imagen en Cataluña aparecer alineados junto al PP.