Carles Puigdemont reunió ayer noche a su gobierno para exigir lealtad sin fisuras a su proyecto de referéndum independentista, tras hacer público el cese del conceller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, al que hoy sustituirá el titular de Cultura, Santi Vila, en una toma de posesión anunciada para las 9.45h, minutos antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat. El presidente de la Generalitat convocó a todos sus consellers y a la dirección del PDCat para invitar a abandonar el Govern a quien tenga dudas sobre la efectividad del referéndum o miedo a las consecuencias legales que éste pueda acarrear.

En el encuentro también participaron la coordinadora general del PDCat, Marta Pascal, su número dos, David Bonvehí, y el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, y el presidente del grupo parlamentario, Jordi Turull, según informa Europa Press, pero no ha trascendido si expresaron su enfado por el fulminante cese de Baiget, que ha provocado profundo malestar en sectores del PDCat. El cese se produjo después de que el Comité Ejecutivo del partido cerrar filas con el conseller y su coordinadora general saliera en su defensa en rueda de prensa, lo que ha dejado a Pascal y a la dirección del PDCat en evidencia, después de que tuvieran más peso para el president las quejas de la CUP que la postura de su partido.

Quien más claramente expresó ese malestar fue el ex conceller de Presidencia con Artur Mas, Quico Homs, que dejó claro en twitter su rechazo al cese de Baiget, postura que compartió en la misma red la ex consejera de Gobernación Joana Ortega. Ambos han sido inhabilitados, junto a Mas e Irene Rigau, por su participación en el 9N. «No comparto que se cese a Baiget, Es leal y comprometido. Y si por unas declaraciones más o menos afortunadas se le echa, los hay que sobran hace tiempo. Además, decisiones así ni suman ni hacen grande el proyecto. Finalmente, ¿cómo es que de momento sólo somos los del PDeCat los que somos condenados en Madrid y algunos nos quieren fuera de Cataluña?» se lamentaba Homs. Y ha añadido que está «hasta lo huevos» de la situación.

Ni el ya ex conseller de Empresas y Conocimiento, Jordi Baiget, ni la coordinadora general del PDCat, Marta Pascal, conocen el contenido de la Ley de transitoriedad que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentará hoy primero en un encuentro parlamentario con los grupos de JxS, la CUP y Podem en el Parlamento catalán y horas más tarde en un acto «abierto a la ciudadanía» en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC). Así lo aseguraron al menos, ambos dirigentes durante el día de ayer, a raíz de la crisis abierta por el propio Baiget al poner en duda la viabilidad legal del referéndum independentista.

Preguntada por los avances que los medios daban ayer de la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica cuyos entresijos desvelará hoy Puigdemont, Pascal reconoció que no la conocía. Baiget había afirmado antes que parte del Consejo Ejecutivo del Govern había sido excluido del núcleo duro que prepara la celebración del referéndum. Un grupo en el que fácilmente puede adivinarse nombres como los ex convergentes Jordi Jané (Interior) o Meritxell Ruiz (Enseñanza) o los republicanos Toni Comín (Sanidad), Meritxell Serret (Agricultura) y Dolors Bassa (Trabajo).

Harto de filtraciones, hace semanas que el presidente de la Generalitat optó por tomar las riendas del proceso independentista y reducir al máximo el número de personas que participan en la elaboración de las leyes de desconexión. Al menos eso es lo que dicen en la Generalitat para explicar el secretismo con el que se han llevado los trabajos, al margen de buena parte del partido, incluidos sus máximos dirigentes. El PDCat no es ni de lejos un partido unido, y los costes del «procés» empiezan a ser demasiado onerosos para algunos de sus cuadros, especialmente cuando se ven cuestionados constantemente por ERC y la CUP.

Protagonismo compartido

A pesar de estos recelos, Puigdemont compartirá protagonismo con el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, en los dos actos de presentación la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, en los que también intervendrán los portavoces de JxS, Jordi Turull (PDCat) y Marta Rovira (ERC). En ellos se explicará cómo se organizará el referéndum independentista del 1-O, cómo se dará cobertura legal a los trabajadores públicos y cargos electos que participen en la convocatoria o en qué términos ha previsto el Govern llevar a cabo la «desconexión» del resto de España.

A mediodía, en el Parlament, JxS y la CUP han convocado un acto teóricamente para informar al resto de los grupos de la cámara sobre el contenido de ambos textos, aunque lo cierto es que sólo Podem y el diputado de EUiA Joan Josep Nuet ha confirmado su asistencia a una convocatoria que, una vez más, elude el debate y la votación parlamentaria. Los trámites legales reales no llegarán hasta final de agosto, cuando la mayoría independentista haya aprobado la reforma del reglamento parlamentario que permita su tramitación por vía de urgencia, para esquivar el recurso previo ante el Consejo de Garantías Estatutarias.

En este primer acto se explicarán los detalles técnicos de la Ley del referéndum, Aspectos como el censo, la participación de los ayuntamientos, la protección legal de los funcionarios o la creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya, sustituta de la Junta Electoral. Por la tarde, el TNC será el magno escenario escogido para explicar a la ciudadanía los aspectos prácticos del referéndum.

Allí el Govern tiene la intención de presentar una lista de colegios electorales para el 1-O, en la que se incluirán los habituales en aquellos municipios en los que los ayuntamientos se han comprometido a colaborar con el Govern en el envite, y locales de la Generalitat lo más próximos posibles a los colegios habituales en los que los gobiernos locales no están dispuestos a colaborar con el referéndum.

El acto servirá además para explicar el funcionamiento de la bolsa de 4.500 voluntarios que deben suplir a los funcionarios en las tareas de apoyo y validación de la consulta. El Govern prevé además la participación de 72.000 ciudadanos escogidos por sorteo -como en las elecciones al uso- para nutrir las 8.000 mesas electorales previstas, cuyas urnas están todavía pendientes de encargo.