La presentación, con todo boato, de la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña ha servido para despejar las dudas sobre el horizonte tras el 1 de Octubre, en caso de que la consulta llegue a celebrarse.

Así, la previsión el bloque independentista, que no ha fijado en su propuesta un límite de participación para avalar el referéndum, es proclamar la independencia en 48 horas si los participantes en el referéndum unilateral aboga por la independencia. “Si gana el sí, se proclamará la independencia y en los dos días siguientes se tendrá que abrir el proceso constituyente que nos lleve a la República catalana independiente; si gana el no, iremos a elecciones autonómicas”, ha anunciado Serra. “Así se construye un país nuevo, libre e independiente”, ha apostillado después de reconocer que este proceso es “un acto de desobediencia y al mismo tiempo de coherencia”.

En su primer punto, esta ley establece la convocatoria del referéndum vinculante y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña, puesto que la comunidad carece de ley electoral propia. Sin embargo, el texto no fija un mínimo de participación para convertir la cita electoral en vinculante. Cabe recordar que en la consulta del 9-N la participación fue del 37,02%.

Censo sin autorización previa

Para el proceso electoral será la propia Generalitat la que elabore el censo sin pedir permiso a los catalanes. “La inscripción en el censo no exige autorización previa del ciudadano” ha explicado el vicepresidente del Parlament, Lluís Corominas (PDCat). Una prerrogativa que la legislación española establece en exclusiva al Estado a través de los ayuntamientos, y que la Ley de Referéndum otorga a la Generalitat en aras a esa “situación de excepcionalidad” que permite, según el texto, poner esta ley por encima de cualquier otra norma que entre en contradicción con ella.

Esto permite a la Generalitat eludir la Ley de protección de datos para elaborar un censo propio, del que no se explica en base a qué registros se elaborará. El bloque independentista ha especulado con la cesión de datos por parte de los ayuntamientos, pero varios gobiernos locales han dejado clara ya su negativa, entre ellos los más poblados.

El texto presentado hoy -fuera de los cauces reglamentarios del Parlamente – establece que el Govern será el responsable de facilitar el censo y garantizar voto de catalanes en el extranjero;  seleccionar a los reprentantes de la administración en el proceso electoral, así como realizar el sorteo de los miembros de las 8.000 mesas electorales previstas y suministrar el material para la consulta, especialmente urnas y papeletas.

Régimen jurídico excepcional

La Generalitat pedirá la presencia de observadores internacional para el referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre “para garantizar la transparencia del proceso”. Además, establece “un régimen jurídico excepcional” para intentar celebrar el referéndum de independencia dando cobertura legal a todas aquellas personas físicas y jurídicas que colaboren en su celebración, y se amparará en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal de La Haya y la Corte Suprema de Canadá.

El acto de presentación de la nueva norma ha estado presidido este martes por los presidentes del grupo JxS, Jordi Turull (PDCat), Marta Rovira (ERC) y por los diputados de la CUP Benet Salellas, Anna Gabriel, Gabriela Serra y Joan Garriga, además el vicepresidente de la Mesa, el ex convergente Lluís Corominas.

Turull ha defendido el acto porque “después de tantas filtraciones interesadas decidimos hacerlo aquí” y ha justificado el secretismo a la hora de elaborar la ley por las prohibiciones del Tribunal Constitucional. “Nos hubiera gustado poder hacerlo de otra manera, la primera iniciativa fue ponencia conjunta, pero los que ahora dicen que huimos del debate fueron al Constitucional y el TC de la mano de la Fiscalía hizo que esta ponencia no fuera posible, pero no nos quedamos de brazos cruzados”.

A Lluís Corominas le ha correspondido la explicación del artículo tres, en el que se proclama que el pueblo de Cataluña es sujeto jurídico de soberanía, para justificar el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Tenemos derecho a ejercer el derecho a la autodeterminación” ha proclamado la republicana Marta Rovira

Un derecho a la autodeterminación ha que ha defendido la republicana Marta Rovira, acogiéndose de nuevo al derecho internacional. “Tenemos derecho a ejercer el derecho a la autodeterminación” ha proclamado. “Esto es lo que explicamos en el preámbulo, que es el primero de los derechos humanos que tenemos reconocido” y el argumento de los defensores del referéndum es que, dado que España ha suscrito todos los tratados internacionales de derechos humanos, este derecho a la autodeterminación forma parte también de ordenamiento jurídico español.

“El éxito del referéndum” ha añadido la número dos de Esquerra, “no depende de la aprobación de esta ley, depende de que el referéndum tenga una participación muy elevada, de que se garantice una campaña en plena representatividad de todas las opciones y la lectura del resultado se haga en absoluta clave de normalidad y legitimidad”. Una apariencia de normalidad que el bloque independentista espera conseguir con la ley explicada hoy, que no se votará hasta finales de agosto para que entre en vigor en el mismo momento de su publicación, como explicita su disposición final.