Las ejecutivas del PSC y el PSOE han certificado en Barcelona la elaboración de una propuesta de reforma constitucional que, partiendo de la Declaración de Granada, pretende satisfacer las aspiraciones de reconocimiento nacional catalanas. El objetivo, rebajar el empuje del independentismo en Cataluña y recuperar el papel preponderante del socialismo en esta comunidad.

Pedro Sánchez se ha comprometido, en este contexto, a promover una subcomisión de estudio en el Congreso sobre la reforma de la Constitución, una reforma que el líder del PSOE ha reclamado abordar desde ya, sin esperar a la celebración de referéndum de independencia convocado por Carles Puigdemont, como defiende el líder de C’s, Albert Rivera. «¿Por qué poner una fecha cuando lo que hay que poner solución» se ha preguntado Sánchez en la comparecencia ofrecida conjuntamente con el líder del PSC, Miquel Iceta, muy cuidadoso en insistir permanentemente en que todas las propuestas asumidas ahora por el PSOE para aplacar la crisis catalana derivan de la Declaración de Granada.

Ambos dirigentes han defendido la necesidad de dar respuesta a la aspiración catalana de su reconocimiento como nación, pero han evitado concretar cómo se proponen llevar a cabo ese reconocimiento, o qué incidencia tiene ese objetivo en el artículo 2 de la Constitución. Sánchez ha anunciado además su compromiso de estar muy presente los próximos meses en Cataluña, donde abrirá una ronda con responsables políticos y líderes sociales para «entender por qué» una parte tan importante de los catalanes ha abrazado el independentismo.

Nuevo escenario de diálogo

El documento de trabajo parte de la base de “cinco años de discriminación” del Gobierno del PP a Cataluña para ofrecer un “nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que, debe culminar en una reforma federal”. Entre las propuestas concretas, la más compleja es la reforma del sistema de financiación, origen real de la ruptura entre los gobiernos de Mariano Rajoy y Artur Mas. El PSOE propone ahora abordarlo través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera una mesa de negociación política que busque el acuerdo sobre un sistema de financiación más justo y equitativo.

Oferta que de hecho no difiere de lo intentado por el propio Gobierno del PP, que se ha encontrado de momento con el portazo de la Generalitat, cuyo número dos y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha plantado de momento las convocatorias del ministro Cristóbal Montoro. Los socialistas destacan además la negociación de los 46 puntos planteados en su momento por Artur Mas como bases para la negociación con Mariano Rajoy. “Salvo la demanda relativa al referéndum, los socialistas vemos posibilidades de diálogo y acuerdo, y ante la falta de voluntad de ambos gobiernos, plantearemos iniciativas concretas”.

Desarollar el Estatut

Abogan además por desarrollar el Estatut de 2006 con la derogación de la Ley de racionalización de la Administración Local del PP y una nueva ley que obligue a un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos para las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales.

Por último, el PSOE recupera la promesa de una Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España. La tesis de los socialistas asume el discurso del nacionalismo en el sentido de que “la frontal oposición del PP a este Estatuto acabó por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979”, lo que le permite defender la reforma del Estatuto impulsada en su momento por José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall.

Y añade la victoria electoral de CiU en 2012 como el punto de partida de la imposición de las fuerzas independentistas en las elecciones al Parlament que “supuso el inicio de un proceso de secesión agudizado progresivamente por la falta de diálogo entre los gobiernos de España y de la Generalitat”. Proceso acelerado a partir de las elecciones “plebiscitarias” convocadas por Artur Mas en 2015.