El Tribunal de Cuentas ha decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias previas y en su caso proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y reclamar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y varios de sus exconsejeros el dinero público que se gastó en aquella consulta.

En concreto, el departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuya titular es la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, ha dictado sendos autos sobre este procedimiento, a los que ha tenido acceso Europa Press.

En uno de ellos, el Tribunal de Cuentas desestima el recurso de revisión interpuesto por la Generalitat contra las decisiones adoptadas hasta entonces por el órgano fiscalizador y en el otro ordena que se dé traslado de sus actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que ésta proponga a la Comisión de Gobierno del Tribunal el nombramiento de un delegado instructor que practique las citadas diligencias previas.

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha replicado este miércoles al Tribunal Cuentas que no podrá parar la celebración del referéndum del 1 de octubre porque es un “tsunami democrático” que nadie podrá frenar. El nuevo portavoz del Govern ha lamentado que el Estado insista en estas acciones para frenar el proceso soberanista, y ha ironizado sobre la cuantía de los cinco millones de euros: “Si se piensan que por menos de un euro por catalán frenarán la independencia es para reírse”.

Campaña de recogida de fondos

El pasado abril el PDCat anunció una campaña de captación de fondos para ayudar a los cuatro condenados por la organización del 9-N a pagar las multas impuestas por el TSJC y el Tribunal Supremo. Una campaña que en unas semanas superó los 120.000€ que sumaban las multas y que el partido, con apoyo de las entidades soberanistas, optó por mantener.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas, los impulsores de la campaña aseguraron que los fondos recaudados servirían también para sufragar la posible condena, en un intento por evitar que la amenaza patrimonial restara apoyos a el nuevo envite independentista que supone el referéndum del 1-O.