El Ministerio de Hacienda propuso este viernes incrementar los controles financieros sobre la Generalitat tras detectar un incremento de 6.000 euros en una partida para la consulta del 1 de octubre, en concreto para la organización y seguimiento  de procesos electorales, según ha podido saber El Independiente. Dicho incremento, de 19.000 a 25.000 euros, ha sido el detonante para exigir a partir de ahora a la intervención de las consejerías y entidades sometidas a función interventora, así como al director general de Presupuestos y al de Política Financiera y Tesoro de la Generalitat, informes detallados semanales «para que justifiquen en qué te lo has gastado», han señalado fuentes de Hacienda.

El Ministerio de Cristóbal Montoro, además de proponer estas nuevas medidas de control en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se ha dirigido «a la interventora general de la Generalitat», Rosa Vidal, al objeto de que se explique el incremento presupuestario detectado en el último informe mensual que les han remitido. Aunque no es económicamente muy significativo, aducen en Hacienda que «estamos en un plan que cualquier movimiento raro hay que controlarlo. Actuamos poco a poco y tenemos una sospecha que hay que aclarar».

Las finanzas de la Generalitat ya estaban sometidas a control reforzado desde 2015 por la Ley de Estabilidad

Las finanzas de la Generalitat ya estaban sometidas a controles mensuales reforzados desde 2015 que habilitan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces se acordó incrementar la supervisión sobre el gobierno catalán dado el desvío financiero de sus cuentas, que la convierte en la Comunidad más endeudada de España.

En puridad no tiene que ver directamente con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aunque se va a usar como elemento disuasorio por si las autoridades políticas catalanas insisten en usar partidas presupuestarias para financiar una consulta ilegal. Si es así, el FLA, de la que es Cataluña principal beneficiaria, podría llegar a congelarse. Asimismo, desde Hacienda recuerdan que la interventora «puede incurrir en responsabilidad penal» si da el «nihil obstat» a unas cuentas que ya ha tirado abajo, en uno de sus capítulos, el propio Tribunal Constitucional, por entender que tienen como objetivo la organización de la cita ilegal del 1 de octubre.