El Parlamento catalán abrirá hoy el último pleno del periodo de sesiones con la reforma de su reglamento como plato fuerte del orden del día. Una reforma elaborada por la mayoría independentista de JxS y la CUP para habilitar la aprobación «exprés» de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras presentaron en el Teatro Nacional de Cataluña, pero todavía no ha sido registrada en el Parlament.

El nuevo reglamento -que se debatirá y aprobará mañana con toda probabilidad gracias a la mayoría de JxS y la CUP- incorpora dos novedades fundamentales para la hoja de ruta dibujada por el independentismo. De entrada, habilitará la aprobación por la vía de lectura única de una proposición de ley, en este caso la del referéndum.

Además, habilita la segunda quincena de agosto como periodo hábil para el trabajo parlamentario, de modo que se podrá avanzar en la tramitación de las leyes de desconexión, aunque la Mesa y la Junta de Portavoces han fijado ya para el 6 de septiembre el primer pleno del siguiente periodo de sesiones.

El texto ya tiene asegurado el recurso al Tribunal Constitucional anunciado hoy por el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien ha anunciado un recurso de amparo ante el alto tribunal contra la reforma. Un recurso al que previsiblemente se sumará C’s, mientras el PSC no ha aclarado todavía si recurrirá el texto al TC.

Sin embargo, la única vía para que el Constitucional decrete la suspensión inmediata de la aplicación del nuevo reglamento sería un recurso del Gobierno, que todavía no se ha pronunciado, contra la norma.

Críticas del Consejo de Garantías

El texto elaborado por los independentistas llega al pleno tras un sonoro repaso del Consejo de Garantías Estatutarias, que en un dictamen hecho público hace dos semanas dejó claro que la proposición de ley vulneraba los derechos de los diputados de la oposición al permitir que se aprobara una ley sin permitirles presentar enmiendas, y señalaba que el procedimiento de lectura única debía limitarse a «leyes de escasa relevancia política». Unas advertencias que JxS aseguró que incorporaría vía enmienda al texto.

La aprobación del nuevo reglamento se convertirá de hecho en la primera medición de fuerzas real desde que el pasado 14 de febrero el Tribunal Constitucional anuló las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el 6 de octubre de 2016 en las que se acordó la celebración de un referéndum de independencia y remitió a la Fiscalía la decisión de presentar querella contra la presidenta y los miembros de la Mesa del Parlament que dieron luz verde a la votación pese a las sentencias previas del Alto Tribunal en contra del proceso secesionista.

Desde la última intervención del TC, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet han visto como la Fiscalía interponía contra ellos una querella por desobediencia al TC, mientras el Gobierno catalán se ha prodigado en anuncios, pero no ha dado ningún paso efectivo para la celebración del referéndum. Carles Puigdemont anunció con toda la pompa que el referéndum tendrá lugar el 1 de octubre y junto a Oriol Junqueras presentó con toda la pompa la Ley del Referéndum de Autodeterminación con la que pretenden dar cobertura legal a la consulta. Pero no ha firmado decreto de convocatoria ni ha registrado

El pleno que comenzará con la elección de un nuevo vicepresidente de la Cámara -puesto que la crisis en Gobierno Puigdemont ha obligado a Lluís Corominas a asumir la presidencia del Grupo de JxS y Lluís Guinó ocupará su lugar- debatirá ahora una proposición de ley impulsada por el Grupo de JxS -no por el gobierno- para dar los primeros pasos legales en la organización del referéndum, sin que el ejecutivo haya concretado todavía, por ejemplo, la compra de las urnas.

Crisis de Gobierno

El miércoles, Puigdemont aún debe superar un nuevo examen, la comparecencia en la que dará cuenta de la crisis de gobierno que le ha obligado a sustituir en las últimas dos semanas a los consejeros de Presidencia, Interior, Empresa y Educación para conformar un «gobierno de duros» dispuestos a llevar hasta el final el desafío del referéndum.