Las pintadas a la vivienda del juez Llarenay a la comisaría de la Policía de Tarrasa, el intento de ocupación de la sede del PP de Barcelona, el ataque a uno de los autobuses turísticos de la ciudad condal y el asalto al puerto de Palma como protesta contra el turismo masivo han colocado en el mapa a Arran, una de las organizaciones juveniles más activas del entorno independentista catalán, pese a su relativo escaso tamaño. Arran son 500 personas, no más, distribuidas en asambleas locales, con Barcelona, Valencia, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón y Alicante a la cabeza. La práctica totalidad de ellos con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años.

Pero hacen ruido. Bastante. Durante las últimas semanas Arran ha protagonizado noticias a diario, que es su objetivo principal. Así lo explicaba este fin de semana una de sus portavoces, Mar Ampurdanés, preguntada por el ataque al autobús turístico de Barcelona durante una entrevista con el diario El Mundo.

La portavoz de Arran, Mar Ampurdanés, reside en un chalet con piscina privada colindante con un campo de golf

«Es una acción de visualización para poner en el centro del debate el tema del turismo. Llevamos una semana hablando de eso y es por esta acción», respondía Ampurdanés, de 21 años, candidata a concejal por las CUP en 2015, cuando sólo tenía 19, en las elecciones municipales de Caldes de Montbui, donde reside junto a su familia en un chalet con piscina privada situado en una urbanización colindante con el club ‘Golf de Caldes’.

La relación entre estos jovenes y las CUP es estrecha, tanto que el logo de los anticapitalistas aparece directamente en la página web de Arran. La formación antisistema ha respaldado todas y cada una de las acciones de la organización juvenil y las ha utilizado para tensar las relaciones con Junts pel Sí, a quien mantienen en el Govern pese a las discrepancias ideológicas con el referéndum y la independencia como luz de guía.

‘Siempre nos pedís a nosotros que renunciemos a la violencia’

Inmediatamente después del ataque al autobús turístico, miembros del gobierno de la Generalitat como Jordi Turull, consejero de Presidencia, se apresuraron a condenar «sin matices» el incidente violento. Como respuesta, la diputada anticapitalista Mireia Boya respondió que las acciones eran «simbólicas», expresó su apoyo públicamente a la formación y posicionó a su partido en el debate: «Siempre nos pedís a nosotros que renunciemos a la violencia, cuando la violencia también la provoca el Govern».

La referencia tan directa a la violencia no es casual y tiene en alerta a las fuerzas de seguridad. Tanto la Policía como los Mossos vigilan de cerca a este grupo y temen que su actividad pueda recrudecerse según se acerque el 1 de octubre, fecha marcada para la celebración del referéndum unilateral convocado por la Generalitat catalana.

Arran no oculta su cercanía con grupos como Ernai ni su simpatía con reivindicaciones abertzales como el fin de la dispersión de presos

La opinión pública ya ha comenzado a bautizar las acciones de Arran como la kale borroka catalana, en referencia al vandalismo protagonizado por la izquierda abertzale del País Vasco, y la formación no repele el símil. Tampoco ocultan su cercanía a grupos como Ernai, actuales referentes del movimiento callejero en Euskadi, ni la simpatía con la política antidispersión para los presos de ETA. En este sentido, la líder de la CUP Anna Gabriel estuvo entre los políticos que se desplazaron este fin de semana a Galdácano para participar en el homenaje a Kepa del Hoyo, el terrorista fallecido de un infarto en la cárcel de Badajoz.

Expropiaciones y manuales de ‘okupación’

Fuera de la política, Arran es una organización juvenil de extrema izquierda al uso. En su página web distribuyen manuales de okupación en los que se explica paso a paso el proceso a seguir para burlar a la Policía, y su protagonismo mediático en la campaña contra el turismo masivo ha dado voz también a reivindicaciones más clásicas.

Este mismo lunes, la formación ha aprovechado para distribuir un comunicado en el que solicitan subir los impuestos a las grandes empresas del sector y, de paso, expropiar importantes activos turísticos de Cataluña como puertos deportivos, grandes hoteles o centros de ocio como el parque temático de Port Aventura para «poner el beneficio económico que generan al servicio de toda la población». No detallan, eso sí, si en las expropiaciones debería incluirse el hotel rural valorado en más de 250.000 euros que gestiona en los Pirineos Mireia Boya, la diputada de la CUP que salió en su defensa tras el ataque al autobús turístico, y que «olvidó» incluir este apartado empresarial en su declaración de actividades en el Parlament.