Una cámara instalada hace dos años en un pasillo de la planta 5 B del Hospital Príncipe de Asturias pudo grabar a la auxiliar de enfermería Beatriz L. D., detenida el pasado sábado acusada de la muerte de una paciente de 86 años el pasado 2 de agosto, según información policial a la que ha tenido acceso El Independiente.  La muerte de la anciana, que se produjo de manera repentina cuando estaba a punto de ser dada de alta, ha abierto las sospechas sobre la relación del caso con otro fallecimiento ocurrido hace dos años y que entonces no fue esclarecido.

Fue tras la muerte, en julio de 2015, de otra mujer a causa de una embolia gaseosa masiva cuando, previa autorización judicial y ante las sospechas sobre las circunstancias del caso, se instaló una cámara que ha podido grabar la acción presuntamente cometida por la auxiliar. La cámara seguía en funcionamiento.

En el periodo de dos años transcurrido entre ambas muertes, la enfermera permaneció de baja durante un año y medio a causa de una lesión en el brazo producida por un accidente laboral. Beatriz L. D., de 37 años, soltera y con una hija, se había reincorporado a su puesto de trabajo hace apenas tres meses.

Según el auto de prisión, del que informa Antena 3, la enfermera podría estar implicada además en otro intento de asesinato, en el año 2013. La juez sostiene que Beatriz L. D. mataba presuntamente a sus víctimas por el sentimiento de «animadversión» al personal médico. El auto detalla que la auxiliar accedió hasta en cuatro ocasiones a la habitación 528, donde se encontraba la anciana fallecida la semana pasada. En una de estas incursiones, inyectó aire en las venas de la paciente, provocándole la muerte.

La sospechosa se encuentra en prisión en el penal de mujeres de Alcalá Meco. Sobre ella pesa la imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de asesinato, «sin perjuicio de que esta calificación penal pueda verse modificada según se vayan practicando las pertinentes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial», informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La juez señala que los actos se cometían con «alevosía», lo que podría abocar a la enfermera a una pena de prisión permanente revisable.

Interina desde 2014, aunque trabajaba desde hace más de 1o años en el Príncipe de Asturias de Alcalá, prestaba servicio en uno de los cuatro controles de Medicina Interna con que cuenta el hospital en las plantas 4 y 5, dedicadas en buena medida a funciones de geriatría, debido al perfil de la especialidad y de la población a la que atienden.

El pasado 2 de agosto, la mujer fallecida, ingresada una semana antes por un episodio de descompensación hiperglucémica, estaba a escasas 24 horas de ser dada de alta, toda vez que su estado general era bueno. Sin embargo, sufrió de manera repentina una disnea y una desaturación brusca. Su muerte se certificó a primera hora de la tarde tras el fracaso de las maniobras de reanimación.

La perplejidad sobre las circunstancias del fallecimiento de la paciente, y la falta de explicación al caso, conducen al equipo médico a solicitar permiso a su hermano para la realización de un escáner, realizado al día siguiente, que revela la presencia de importantes bolsas de aire en las cavidades cardiacas derecha, en la arteria pulmonar, en las arterias coronarias y otras venas de su organismo.  Es en ese momento cuando los responsables del centro avisan a la policía judicial para que custodie el cadáver hasta el instituto anatómico forense con el fin de realizar la pertinente autopsia.

Las sospechas se centraron en la actuación de la enfermera. El pasado día 5 de agosto, la policía la detuvo y se personó en el hospital para revisar la taquilla de su espacio de trabajo en presencia de su abogado. Posteriormente, pasó a disposición judicial y fue enviada a prisión tras declarar en el juzgado encargado del caso.

Cifuentes no quiere alarmismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que se trata de «un caso aislado» que «no puede ni generar alarma ni poner en duda el magnífico sistema sanitario madrileño», informa Efe.

Cifuentes ha explicado que, ante la «sospecha de que pudiera estar ocurriendo algo irregular» en el hospital, la policía pidió «hace algunos meses» a la Comunidad que se mantuviera «sigilosa», aunque no ha podido precisar más datos, ya que el caso «se encuentra bajo investigación policial».

«Nosotros esperamos que se llegue a la resolución de este caso cuanto antes y si esta persona, que ya está fuera del hospital, ha podido ser responsable de alguna muerte más, que la justicia actúe con toda la fuerza», ha subrayado la presidenta regional, quien ha insistido en que los ciudadanos pueden estar «absolutamente tranquilos».

En 2014, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 127 años de cárcel impuesta a un celador (Joan Vila Dilmé) de la residencia geriátrica La Caritat, en Olot (Girona), por asesinar a once ancianos, a quienes suministró ácido cáustico, psicofármacos y otras sustancias para matarles.

El celador declaró en el juicio que eran actos «compasivos» y solo quería «ayudar a morir» a los ancianos.