Los grupos de la oposición catalana -Cs, PSC, PP y CSQP- presentarán a lo largo del día de hoy cuatro peticiones oficiales para que los letrados de la cámara evalúen la retención de las leyes de ruptura -la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad– por parte del a presidenta, Carme Forcadell, y el contenido de los textos. El objetivo no es otro que dejar constancia de la vulneración de las normas de la propia cámara para adaptar la tramitación de los textos a los dictados del gobierno catalán, así como intentar contar con un informe de los letrados en caso de que el bloque independentista incluya las leyes en el orden del día del próximo pleno del día 6 como anuncian algunas fuentes.

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Cada uno de los grupos, cuyos portavoces desfilan hoy por el registro del Parlament, solicitan a la propia presidenta que pida el informe a los letrados, en el caso de Cs circunscrito a la actuación de Forcadell, en el caso del PSC, CSQP y PP, cuestionando también el contenido de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad. Los grupos de la oposición reclaman además disponer de los informes antes de la celebración del próximo pleno.

El pleno de la ruptura

En ese pleno podría producirse la tramitación de ambas leyes, por la vía del artículo 81.3 que permite modificar el orden del día para introducir un nuevo tema en el pleno por mayoría simple. Una potestad que los independentistas pretenden utilizar para realizar la aprobación de ambas leyes en el Pleno, saltándose el trámite de enmiendas y el debate en comisión que debe acompañar a cualquier proposición de ley según el reglamento del Parlament, extremo que ha llevado a la socialista Eva Gradados a advertir en reiteradas ocasiones que es ilegal utilizar el artículo 81.3 como vía para aprobar por lectura única las leyes de ruptura.

Las presiones de la CUP, que ayer afeó también la conducta de Forcadell y reclamó al gobierno catalán y a la coalición JxS que apruebe estas leyes antes de la Diada del 11 de septiembre abonarían la tesis de una aprobación exprés en el próximo pleno.

De hecho, la solicitud de CSQP se refiere específicamente a la posibilidad de que la mayoría independentista intente usar el artículo 81.3 y cuestiona que se pueda alterar el orden del día «sin respetar el derecho a la presentación de enmiendas y debate que tienen todos los grupos» o al derecho a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

Forcadell rechazará previsiblemente estas solicitudes, que ya fueron descartadas por la mayoría independentista en la reunión de la Mesa de ayer. Pero deberá hacerlo por escrito, ha argumentado hoy el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, lo que a su juicio «pondrá aún más en evidencia que lo que quieren la presidenta y la Mesa es saltarse las normas del Parlament». Esa respuesta formal por escrito abre además la puerta a pedir la reconsideración, que tiene que ser fundamentada jurídicamente.

Carrizosa ha destacado que Forcadell «está reteniendo la tramitación de las iniciativas legislativa, no está dando el trámite» a las leyes de ruptura, «actuando al margen de la ley, como presidenta de la ANC, al dictado de la conveniencia Puigdemont y Junqueras y degradando el Parlament». El portavoz naranja ha señalado su deseo de que sean los propios servicios jurídicos de la Cámara los que se pronuncien sobre la actitud de Forcadell y apunta: «No quieren que los servicios jurídicos les digan qué normas deben respetar, por eso intentan evitar que se pronuncien» ha concluido Carrizosa.

La petición del PSC reclama que las dos leyes sean admitidas a trámite en la próxima reunión de la Mesa, previa al pleno previsto para el día 6, así como un dictamen sobre la adecuación a la Constitución de las dos leyes de ruptura. Si la Mesa diera trámite a las dos proposiciones el martes, la oposición tendría margen para solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, vía que quedará barrada si se introduce en el último momento en el orden del día del pleno.