El primer asalto se libra en apenas cuatro semanas. El segundo, a finales de este curso político. El del 1 de octubre se resolverá entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, entre la maquinaria del Estado y el órdago de la Generalitat. El siguiente, el segundo, también se jugará sobre el tapete que dibuja el modelo de Estado y con las ansias de autogobernarse como estímulo. En esta ocasión el protagonista será Euskadi. El plan lo tiene ya activado, acallado por el ruido del referéndum catalán, pero avanzando ya a ritmo de crucero al calor de las ruinas que deje el desenlace del procés.

En el País Vasco los partidos y el Parlamento Vasco retoman la próxima semana la actividad política conscientes de que según el calendario que se marcaron en los próximos meses deberían tener definido el nuevo encaje territorial que reclamarán para Euskadi. Será el particular proceso vasco de autodeterminación, el llamado nuevo Estatus político-jurídico. Impulsado de la mano del PNV todos los partidos excepto el PP han accedido a abordar una actualización del Estatuto de Gernika que tras superar la fase de reflexiones y análisis se encaminará en el arranque de este curso a la fase de concreción y redacción de una propuesta que renueve y actualice el marco estatutario de 1979.

El PNV aspira a un documento que sitúe a Euskadi ‘de igual a igual’ con España. Bildu, que lo acerque a la independencia

El que está llamado a ser el segundo asalto al modelo territorial español ya tiene calendario cerrado. Pese a que el estruendo del procés de Puigdemont apenas ha dejado escuchar su eco fuera del País Vasco, el nuevo Estatus vasco también contempla una consulta y un referéndum. La primera tendría carácter “habilitante”, la segunda de ratificación definitiva. Los planes iniciales del PNV pasaban por haber culminado este proceso allá por 2015, para cuando llegó a proyectar la consulta a la sociedad vasca de un nuevo texto articulado. La formación de Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar aspira a someter a votación un documento que sitúe a Euskadi “de igual a igual” con España.

El camino se comenzó a recorrer la pasada legislatura. Demasiadas discrepancias y diferencias entre los partidos impidieron avanzar. Ahora, en el segundo mandato de Urkullu –y con Podemos como nuevo agente político en la Cámara- se confía en poder cerrar la cuestión antes de cerrar la legislatura allá por 2020.

Un ‘grupo de expertos’ externo

Esta búsqueda de un nuevo modelo de autogobierno que debería aprobar el Parlamento Vasco, y para lo que se ha constituido una ponencia que sucede a la celebrada la pasada legislatura, ya tiene las propuestas de todos los partidos –excepto de Podemos-. En ellas marcan las bases en las que desearían fundamentar ese modelo de relación con España. Está previsto que la formación de la saliente secretaria general, Nagua Alba, presente sus mínimos en septiembre, con lo que la Cámara vasca contaría ya con los mínimos y máximos conceptuales de todas las formaciones.

Con ellas, el propósito es designar un agente externo, “un grupo de expertos”, representativo de la pluralidad ideológica del Parlamento vasco para que en base a todos los documentos redacte un texto articulado capaz de aglutinar el máximo consenso posible. No será sencillo. Las posiciones abarcan todo el espectro posible; Bildu reclama un documento capaz de elevar hasta la independencia a Euskadi; el PNV a situarla “de igual a igual” con España; el PSE aspira a una actualización del autogobierno con la legalidad como límite y una España Federal como marco y por último, el PP, que no ve necesidad de nuevos marcos, reclama explorar más y mejor el estatuto ya existente.

El Parlamento Vasco encargará antes de fin de año a un organismo externo que redacte una propuesta de nuevo encaje de Euskadi en España

En este abanico de posiciones –a la espera de la propuesta de Podemos, que habla de una autodeterminación social– la elección de la entidad que deba realizar la propuesta de documento se antoja complicada. El objetivo es que el Parlamento de Vitoria subcontrate esta labor antes de fin de año. Por ahora las propuestas han ido desde que sea el propio Gobierno vasco quien la redacte, como reclama el PP, algo que el ejecutivo ya ha descartado; que la realice la institución Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos fundada por las diputaciones forales en 1918 y que Bildu considera la más idónea o que sea un equipo de expertos de la Universidad del País Vasco (UPV), como plantea Podemos.

El cronograma del proces vasco arrancaría en septiembre con lo que se considera que es la segunda fase de la labor parlamentaria ya realizada, -la comparecencia de expertos y presentación de propuestas de cada formación-. En la segunda fase que se iniciará ahora, y que debería concluir en diciembre, se fijarían las bases y principios políticos que tendrán que regir la redacción de la propuesta a plantear por un organismo ajeno al Parlamento.

Una vez remitido a la Cámara, el siguiente paso sería someter a debate y modificación el texto planteado por los expertos y votarlo en la comisión de autogobierno, primero, y en el Pleno del Parlamento Vasco, después. Algo que debería ocurrir a finales de 2018.

Consulta ‘habilitante’ y referéndum antes de 2020

La siguiente fase situaría a Euskadi en 2019 con una consulta a la ciudadanía para que se pronuncie sobre el documento aprobado por el Parlamento de Vitoria. Se concibe como una “consulta habilitante” que dotaría a los negociadores vascos de autoridad y respaldo de la sociedad vasca expresada en las urnas para iniciar la negociación con el Estado para la tramitación y debate de la propuesta de nuevo estatus político a fin de aprobarlo en el Congreso de los Diputados.

La idea más extendida es que el nuevo Estatus debería primar el consenso. Tanto PNV como PSE subrayan además la necesidad de que deba respetar el marco jurídico para que su negociación y posterior aprobación en la Cámara Baja sea viable. Lograda la tramitación del documento en el Congreso de los Diputados y su hipotética aprobación, el documento sería de nuevo sometido a consulta, en forma de referéndum a la sociedad vasca, para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor. El proceso completo debería culminar esta legislatura autonómica, es decir antes de la primavera o el verano de 2020, cuando se disolvería el Parlamento Vasco y se convocarían nuevas elecciones.

Por el camino se habrán tenido que superar no pocas diferencias. Los puntos de partida de cada formación revelan diferencias significativas sobre lo que entienden que debe ser la actualización del marco de encaje de Euskadi en el Estado. El partido que lideró el proceso, el PNV, y que lo ha situado como objetivo prioritario a lograr este mandato, apela a la necesidad de cerrar un documento que fije a Euskadi en un sistema de relación bilateral con España en igualdad y con “garantías” de cumplimiento. La fórmula del Concierto Económico, que blinda a cada una de las partes –Administración vasca y Administración española- ante posibles incumplimientos unilaterales se desea extender al resto de ámbitos.

El texto de nuevo ‘Estatus’ se sometería a una consulta que ‘habilite’ para la negociar con el Estado y aprobarlo en el Congreso antes del referéndum definitivo

Además, el PNV cree que se deberá reconocer el carácter de nación del pueblo vasco, así como su derecho a decidir. Los nacionalistas defienden que en ningún caso se tendrá que lograr por la vía unilateral ni rupturista y que el camino iniciado por Cataluña no es su apuesta. Obtener el mayor consenso posible y el respeto a la legalidad son, hoy por hoy, las premisas que definen hasta dónde estará dispuesto a forzar la situación.

Su socio de gobierno, el PSE, también apela a la legalidad y el consenso como límites. La formación de Idoia Mendia advierte de que no aceptará “ocurrencias” o caminos de ruptura con España. Los socialistas vascos defienden la necesidad de que el nuevo Estatus vasco proteja y mejore las competencias de Euskadi y llaman a una reforma constitucional que satisfaga a “naciones” como Euskadi y Cataluña en forma de una España federal.

Sin duda, la posición más extrema es la que definde EH Bildu. Durante el debate de investidura de Urkullu, su portavoz, Maddalen Iriarte reclamó mayor celeridad y una consulta en 2018 para convertir a Euskadi en una república. La izquierda abertzale está dispuesta a probar la fórmula moderada de Urkullu pero recuerda que fracasará y obligaría a iniciar un camino como el del procés catalán.

Próxima negociación de transferencias

Por su parte, Podemos considera que los partidos no deben patrimonializar el proceso sino que se debería completar con más instituciones y organismos. El modelo de autogobierno que defiende la formación establece como base el respeto y mejora de los derechos sociales y el derecho a decidir pero aplicado a todos los ámbitos y no sólo el territorial. Podemos cree que en un plazo de dos años todo el proceso debería haber finalizado.

La formación más crítica con todo el proceso es el PP, que no lo ve necesario. Los populares consideran que reformar el Estatuto de Gernika no es una prioridad sino una obsesión del PNV, a quien reclama que aclare y precise qué es exactamente el “nuevo Estatus jurídico-político” que reclama. El PP vasco se opuso a la creación de la ponencia de autogobierno que trabaja en el Parlamento, si bien sí participa en ella.

El PSE y el PNV apelan a la necesidad de lograr amplios consensos y respetar el marco legal vigente

Mientras los partidos debaten sobre hasta dónde y cómo actualizar el estatuto en vigor, el de Gernika de 1979, los dos gobiernos, el español y el vasco, están a puertas de cerrar una cita para negociar su cumplimiento. El pasado mes de julio el portavoz de Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, anunció que el mes que viene se llevaría a cabo el primer contacto para negociar el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto.

La cita, que según apuntó se producirá a instancia del Ejecutivo de Rajoy, pretende satisfacer así una vieja aspiración del PNV, el cumplimiento íntegro del Estatuto vasco. El Gobierno vasco tiene a punto de cerrar un informe actualizado del grado de cumplimiento del Estatuto, del que hasta ahora había reclamado la trasferencia de una treintena de materias. Pese a que la reclamación es íntegra, la prioridad absoluta del pasa por lograr la cesión del régimen económico de la Seguridad Social y la cesión de la gestión de las cárceles en el País Vasco.