La publicación por El Periódico de la nota remitida el pasado 25 de mayo desde el National Counterterrorism Center (NCTC, en el que se integran las principales agencias de información de EEUU como la CIA, el NSA o el FBI) a los Mossos, en la que se avisaba de un posible atentado del ISIS en La Rambla de Barcelona, ha sacado de quicio al presidente de la Generalitat y a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos de Cataluña.

Sólo en ese contexto de nerviosismo pueden entenderse los ataques al director del diario, Enric Hernández, lanzados directamente por el major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, en una surrealista rueda de prensa en la que tanto él como su jefe, Joaquim Forn, se empeñaron en restarle credibilidad al aviso de la NCTC. El consejero de Interior de la Generalitat calificó la nota como “montaje” y se atrevió a afirmar que tampoco “el Estado dio veracidad a la amenaza”.

Como Puigdemont se ha empeñado en convertir la desarticulación de la célula que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils (seis de sus integrantes fueron abatidos por los Mossos, dos murieron en la explosión de Alcanar y otros dos están en prisión) en una prueba de la autosuficiencia de Cataluña en materia de seguridad, cualquier cosa que empañe ese “éxito” la interpreta como “una campaña que busca la crispación antes del referéndum” del 1 de octubre.

Puigdemont, Forn y Trapero ya han mentido una vez: cuando negaron el mismo día del atentado la primera información de El Periódico en la que se daba cuenta de que la CIA había alertado de un posible ataque terrorista.

El director del diario ha reconocido que la información estaba en poder del medio desde hacía un par de meses. Es decir, poco después de que la nota hubiera llegado a la dirección de los Mossos. Según fuentes de toda solvencia, la amenaza fue comunicada directamente, a través del Consulado de EEUU en Barcelona, al responsable de Información de los Mossos, Manel Castellví. Este, a su vez, la transmitió al director general de la Policía de la Generalitat, Albert Batllé, quien la trasladó al entonces consejero de Interior, Jordi Jané, quien, por supuesto, la puso en conocimiento de Puigdemont.

Los máximos responsables de Interior de la Generalitat filtraron a El Periódico y La Vanguardia la existencia de la nota de la CIA a principios del mes de junio

La existencia de una nota informando de un posible atentado en La Rambla fue filtrada por altos responsables de Interior de la Generalitat a primeros de junio tanto a El Periódico como a La Vanguardia, medios a los que se pidió que no la publicaran para no generar alarma mientras se investigaba ese asunto. Jané fue destituido el 14 de julio por desavenencias con Puigdemont sobre la hoja de ruta del independentismo y, poco después, rodó la cabeza de Batllé. Ambos fueron sustituidos por convencidos separatistas, fieles al presidente de la Generalitat.

El caso es que el asunto quedó relegado en un cajón y la advertencia ni siquiera fue transmitida a los responsables de la Guardia Urbana de Barcelona. Los jefes de este cuerpo han hecho saber al Consistorio su malestar al haberse enterado de esa nota “por los periódicos”.

Pero, ¿por qué se descartó la posible amenaza? ¿Se hubiera filtrado una información de tal relevancia a los dos periódicos más importantes de Barcelona si los responsables de Interior de la Generalitat no hubieran dado ninguna credibilidad a la posibilidad de un atentado?

Estas preguntas ponen de manifiesto que Puigdemont y su equipo de Interior no sólo mintieron cuando negaron la existencia de la nota de la NCTC advirtiendo de un posible atentado, sino que también han mentido cuando han afirmado que no se le dio ninguna credibilidad.

Pero la cosa no queda ahí. Forn también ha mentido cuando ha dicho que “el Estado no dio veracidad a la amenaza”. Esa cuestión se ha convertido en la clave para determinar la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la amenaza terrorista. La cosa es sencilla: si el Estado -es decir, el Ministerio del Interior- no dio crédito a la nota del NCTC, ¿por qué había de dársela el departamento de Interior de la Generalitat? Si la Policía no valoró la amenaza, ¿por qué habían de haberlo hecho los Mossos?

En la reunión de la Mesa de Evaluación de la cúpula antiterrorista celebrada el 1 de junio se acordó “valorar la información” trasmitida desde EEUU y, por tanto, dio crédito a la posible la amenaza

De nuevo, los hechos desmienten lo dicho por el consejero Forn. El jueves 1 de junio se celebró la reunión semanal de la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, a la que asisten los máximos responsables del Ministerio del Interior, y los jefes de Información de Policía, Guardia Civil, CNI y el comisario responsable del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado). Naturalmente, en ese foro se trató de la nota remitida cinco días antes por la NCTC.  Aunque el acta de la reunión es secreta, según diversas fuentes consultadas, la opinión expresada por la mayoría de los asistentes sobre la misma fue que había que “valorar la información”. Lo cual quiere decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que le dieron credibilidad a la amenaza. El único que se mostró un tanto escéptico, aunque sin contradecir la opinión mayoritaria, fue el responsable del CNI.

Una semana después, en la siguiente reunión de la Mesa de Evaluación, estuvo presente Castellví, pero no presentó ninguna iniciativa de los Mossos en relación a la amenaza. La seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la policía autonómica y los responsables de los otros cuerpos dieron por sentado que se habrían tomado medidas al respecto. De hecho, el tema no se volvió a tratar.

El departamento de Interior de la Generalitat ni siquiera dio traslado a la Guardia Urbana de Barcelona de la advertencia de un posible atentado en La Rambla

Los responsables de Interior de la Generalitat han tratado de hacerse con el acta de la reunión de la Mesa de Evaluación celebrada el día 1 de junio, precisamente para comprobar si allí estaba la prueba de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no dieron crédito a la nota del NCTC. El acta, sin embargo, ha llegado a manos de la Ertzaintza y es muy probable que el Gobierno vasco haya dado traslado de la misma a la Generalitat. Por tanto, no es probable que Puigdemont insista en ese argumento.

El asunto es de gran trascendencia no sólo porque pone de relieve que, de nuevo, el consejero Forn ha mentido, sino porque saca a la luz un fallo de seguridad importante que podría haber evitado el atentado de Barcelona.