La Agencia Tributaria de Cataluña está preparada “para poner en funcionamiento la Cataluña que decidan los catalanes” ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En la semana clave para la puesta en marcha de la ruptura política catalana, con la aprobación de la Ley del referéndum y la convocatoria de la consulta del 1-O en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional, Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras han presentado la culminación del despliegue territorial de la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

Un despliegue que implica la apertura de 14 nuevas oficinas, para alcanzar una capacidad de gestión de 42.000 millones de euros en tributos, unas 15 veces más de lo que gestiona ahora. Para ello, la Agencia Tributaria Catalana ha multiplicado por dos sus efectivos con un presupuesto que para este ejercicio ha crecido en un 257% hasta los 93 millones de euros.

“Hoy ponemos las bases para que Cataluña esté preparada” para lo que decidan los catalanes el 1-O, ha concluido Puigdemont quien se ha felicitado porque “hoy es un gran día, podría parecer sencillo pero no lo ha sido”. Una estructura con la que la ATC está preparada para la recaudación de impuestos de carácter masivo y periódico, ha explicado Junqueras. Hasta ahora la Agencia Catalana sólo gestionaba impuestos puntuales no repetitivos, por ejemplo donaciones y sucesiones, “ahora ampliamos la capacidad a impuestos periódicos y masivos, el primer ejemplo es lo que ya hacemos desde julio con el impuesto sobre las bebidas azucaradas” de la Generalitat.

“Estamos preparados para asumir la gestión, inspección y recaudación, son elementos indispensables para funcionamiento de un país, el que tenemos hoy y el que queremos para mañana” ha destacado Puigdemont. Tanto Junqueras como el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvador, se han esforzado sin embargo en afirmar que, por el momento, la ATC se centra en los tributos propios de la Generalitat, así como la gestión de los impuestos del sector público de la Generalitat y de las administraciones locales catalanas que así lo requieran.

La gran prueba: cobrar multas de tráfico

La primera prueba será la gestión de la deuda del Servicio Catalán de Tráfico, un volumen que Salvador ha cifrado en 300.000 impagados y que pondrá a prueba una estructura que en 2016 ya asumió el cobro del 80% de los impagados de la Generalitat que hasta ahora gestionaba la Agencia Tributaria española. La ATC aspira además a convertirse en gestora de los tributos de la administración local catalana -ya lo hace para las cuatro diputaciones que suscribieron un acuerdo con la Generalitat para compartir medios y ceder la gestión de tributos-.

En octubre “haremos la gestión de los impuestos de todo el sector público de la Generalitat” ha explicado Salvador, lo que supone 170 entidades y 700 operaciones. “También nos ponemos a disposición del sector público local, ya gestionamos los impuestos estatales de 120 administraciones locales” ha añadido, para concluir que “éste es el reto del mes de octubre, esto nos permitirá asumir bagaje, experiencia y estructuras para que el día que los ciudadanos y el Govern lo decidan, la agencia catalana esté preparada”.

Agencia sobredimensionada

Junqueras ha evitado, eso sí, responder a las críticas de la oposición sobre la creación de una estructura sobredimensionada para las actuales competencias de la Generalitat en materia fiscal y se ha limitado ha señalar que la ATC de la Generalitat estará preparada para asumir cualquier reto de futuro. En respuesta a las advertencias lanzadas de este fin de semana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el vicepresidente catalán y líder de ERC ha asegurado que “lo que intentamos es que este país sea responsable de las decisiones que toma porque estamos convencidos de que el futuro de Cataluña está mejor en manos de sus ciudadanos”.

En este contexto, Junqueras ha insistido en que “queremos ejercer en plenitud la responsabilidad, no solo en el ámbito del gasto sino también en el de la recaudación, porque queremos que nuestra sociedad tenga los presupuestos que se merece” en alusión al déficit fiscal que los partidos soberanistas denuncian desde hace lustros y se encuentra en la base de la reivindicación independentista.

“Dentro de lo que nos merecemos, fruto del esfuerzo de nuestros ciudadanos y empresas, también nos parece muy relevante tener el rating -valoración de las agencias de calificación de riesgos que nos merecemos, que no se vea condicionado por otros factores como ahora; las agencias de rating lo recogen cada día más” ha destacado Junqueras, que se resiste a aceptar que bajo su gestión de la economía catalana el rating de la Generalitat se sitúa como el peor de las comunidades autónomas. Estándar & Poor’s mantuvo el bono de la Generalitat en la calificación B+, es decir, bono basura, en su valoración del pasado julio.