El Gobierno reclama al Tribunal Constitucional la mayor claridad, contundencia y urgencia posibles en su respuesta a las decisiones del Parlament de Cataluña para salvaguardar la autoridad del propio tribunal y la del Estado de Derecho, después de que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya trasladado un escrito al Alto Tribunal pidiendo la nulidad de todos los actos acordados esta mañana en el Parlament y la deducción de testimonio a los cinco miembros de la Mesa que han permitido la tramitación de la ley del referéndum.

El Gobierno pide al TC, que no tiene previsto reanudar hasta mañana el pleno, que acuerde la tramitación «preferente y urgente» del incidente de ejecución para evitar que el Parlament vote una ley que constituye, afirma, un «burdo y grotesco ataque a la Constitución» y al propio TC. Recalca que, en esta ocasión, no basta con declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que ésta debe ir acompañada de todas las medidas «que sean necesarias para evitar la continuación por la vía de hecho del Parlament del llamado proceso de secesión».

Tal como ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy, ha promovido ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales y paralizar así las decisiones adoptadas por el Parlament, encaminadas a convocar un referéndum de independencia en Cataluña el próximo 1 de octubre.

La vía escogida por el Gobierno no necesita la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, ya que se trata de pedir que se aplique a las decisiones del Parlament la sentencia que ya adoptó en su día el TC considerando ilegales todos los actos que tuvieran como objetivo la convocatoria de ese referéndum.

‘Extramuros de la Constitución’

Sobre el fondo de la cuestión, el escrito advierte que de no anularse los acuerdos impugnados, «ello permitiría el debate y votación de una proposición de ley del Referéndum de Autodeterminación, lo que supondría de forma palmaria y manifiesta la asunción de una función constituyente por parte del Parlamento catalán, extramuros de la Constitución y de los procedimientos de reforma en ella regulados».

Lo que se ha acordado, según el Gobierno, son los «primeros actos» que permiten la ejecución por el Parlamento de Cataluña del «verdadero plan para intentar la secesión del resto de España, en el que se concretan fases y decisiones. Por ello, insiste en que las resoluciones impugnadas van encaminadas a la «voluntad decidida» de culminar un proceso constituyente unilateral e inconstitucional» que deben ser anuladas.

En cuanto a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa que han votado a favor de la tramitación, se pide al TC que deduzca testimonio y remita a Fiscalía su actuación porque «han incumplido, con pleno conocimiento, las advertencias previstas en resoluciones anteriores del tribunal de garantías «y la orden en ellos contenida.

No se requiere nuevo recurso

Fuentes del Ejecutivo han informado a Efe de que las decisiones del Parlamento catalán no requieren la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, tampoco se necesita que un Consejo de Ministros avale a Rajoy para presentarlo. Sólo es necesario que el presidente del Gobierno pida directamente a ese tribunal un incidente de ejecución de la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2015.

Con ella, y ante la impugnación que presentó el Gobierno, el TC anuló por unanimidad la resolución del Parlament de Cataluña que pretendía iniciar un proceso separatista. El Gobierno subraya que esa sentencia ya precisaba que sería ilegal cualquier iniciativa que tuviera el mismo objetivo que la decisión considerada inconstitucional, y, por ello, ahora sólo es necesario invocar la ejecución de esa sentencia para paralizar las decisiones de la Mesa del Parlament y del pleno de esta institución.

También aludirá Rajoy a diversos autos del Tribunal Constitucional al amparo del artículo 92 de la ley que regula este tribunal. Las fuentes citadas recalcan que no es necesario convocar hoy un Consejo de Ministros extraordinario frente a las actuaciones del Parlament. Cuestión distinta sería si tuviera que salir al paso de otras actuaciones de las instituciones catalanas que precisaran la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Parlament, durante este miércoles, está tratando de sacar adelante la tramitación de la Ley del Referéndum, pese a los constantes recursos de PP, PSC y Ciudadanos contra la ley, que el propio secretario general del parlamento catalán se ha negado a incluir en el Diario Oficial. Finalmente ha sido la presidenta Carme Forcadell la encargada de asumir esa publicación de manera personal, saltándose el cauce habitual y provocando con ello la posible ilegalidad del trámite.

La propia Forcadell ha promovido hoy la recusación de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, a los que acusa de ser «una extensión del Gobierno» y haber perdido «toda legitimidad».

El TC lo estudiará el jueves

El pleno del Tribunal Constitucional ha terminado la reunión de hoy sin adoptar ninguna decisión sobre la recusación de sus doce miembros presentada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y continuará sus trabajos mañana con su análisis y el del incidente de ejecución presentado por el Gobierno.

Fuentes del tribunal han informado a Efe de que los magistrados han tratado los asuntos previstos en el orden del día y han sido convocados de nuevo para proseguir con el pleno mañana, como estaba previsto. Las fuentes consultadas han apuntado que alrededor de las tres de la tarde de hoy se ha registrado el incidente de ejecución de sentencia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado presentar a la Abogacía del Estado. En ese incidente, el Gobierno pide al tribunal que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados hoy en el Parlament.

También reclama que el TC tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum, contra quienes la Fiscalía ha anunciado una querella.

Los magistrados analizarán mañana tanto la recusación presentada hoy por Forcadell como el incidente de ejecución de sentencia, una vez que pase los trámites preceptivos. La admisión a trámite supondrá la suspensión cautelar de los actos impugnados con fecha del día en que se firme el escrito del Gobierno, es decir, hoy.