El Gobierno ha presentado este lunes en el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley de transitoriedad catalana aprobada el jueves, en el que sostiene que esa norma y la del referéndum suponen “la mayor afrenta y amenaza” a las normas sobre las que se basa la convivencia en España desde 1978 y el “mayor ataque concebible” a los valores democráticos.

El pleno del Constitucional se reunirá mañana para estudiar la admisión a trámite de este recurso, lo que conllevará la inmediata suspensión cautelar de la norma aprobada por el Parlamento de Cataluña, pensada para articular la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí.

El Gobierno considera que la impugnación de las dos leyes de desconexión es “imprescindible” también para “defender al propio Parlamento de Cataluña como institución democrática autonómica” frente a la “apropiación que de él pretenden un conjunto de diputados, arrogándose una legitimidad y una competencia de las que manifiestamente carecen”, informa Efe.

El Ejecutivo cree que la impugnación de las leyes de desconexión es “imprescindible”

Según el Ejecutivo, 71 diputados autonómicos -los de Junts pel Si y la CUP- “han abusado de forma descarada del Parlamento de Cataluña para fines espurios” al aprobar una ley que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico es “inexistente por ser de contenido imposible”.

En su recurso, la Abogacía del Estado explica que la ley, que tacha de “burdo documento que se ha tratado de orquestar por la exigua mayoría parlamentaria”, viola la Constitución, el Estatuto catalán y el Reglamento del Parlament de Cataluña y es una “aberración jurídica de tal orden que solo se puede calificar de arbitraria y arbitrista”.

“El artificio ordinamental diseñado en el documento impugnado es de tan burda configuración que no serían precisas más que unas pocas líneas para argumentar su inconstitucionalidad”, señala el recurso, que duda incluso de la efectividad de su publicación en el Boletín Oficial del Parlament, ya que la hicieron los miembros de la Mesa que la apoyan ante la negativa del secretario general de la Cámara.