El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite las querellas presentadas por la Fiscalía autonómica contra  el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conjunto de su gobierno, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa del Parlament que avalaron la tramitación de las leyes de ruptura. Pero sólo ha aceptado la acusación de malversación de caudales públicos -que conlleva penas de prisión- en la querella contra el Gobierno catalán, mientras a la presidenta y la Mesa del Parlament se les acusa de los delitos de desobediencia y prevaricación -delitos que también acompañan la querella contra Puigdemont-.

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La magistrada Maria Eugenia Alegret, que instruye la querella dirigida contra la Presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa -Lluís Guinó y Ramona Barrufet del PDCat, Anna Simó de ERC y Joan Josep Nuet de CSQP- admite en su escrito la incoación de los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación, pero no el de malversación de caudales públicos. Esta querella se acumula al procedimiento ya abierto contra la Presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada M. Eugenia Alegret.

Puigdemont sigue amenazado de prisión

Por contra, el TSJC sí estima la acusación del delito de malversación, que comporta penas de prisión, para el presidente de la Generalitat, Carles Pugidemont y los doce miembros del Ejecutivo. La instructora, Mercedes Armas, estima así todas las peticiones de la Fiscalía y la acumula al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y quien era el Secretario General de su departamento Francesc Esteve que instruía.

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La admisión de la querella ya ha sido notificada a la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa afectados, que en una comparecencia conjunta han asegurado que seguirán defendiendo la celebración del referéndum. «Ningún tribunal puede decidir el futuro de este país» ha señalado Carme Forcadell tras recibir la notificación de la querella que se refiere explícitamente a su actuación como presidenta de la Cámara durante el pleno de la semana pasada, en el que rechazó las advertencias de los letrados sobre el incumplimiento de los dictámenes del Tribunal Constitucional con la aprobación de las leyes de ruptura. «Nos negamos a actuar como censores» ha argumentado Forcadell para justificar su apoyo a la aprobación de la Ley de Transitoriedad y la Ley del Referéndum.