En grupos de whatsapp, en bares, en reuniones informales de las distintas asociaciones presentes en Cataluña: el mundo de la carrera judicial compuesto por jueces, fiscales y letrados de Administración de Justicia está muy agitado en esta comunidad por la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica que establece una «República Catalana». Concretamente su artículo 68 apartado primero: los que «hayan ocupado plaza en los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña» un mínimo de «tres años anteriores a la entrada en vigor de esta ley [aprobada el 8 de septiembre en el Parlament y anulada cuatro días después por el Constitucional]», todos ellos «continuarán en sus plazas salvo que renuncien»; «quienes hayan ocupado plaza menos de tres años, pueden ejercer el derecho de integración» solicitando el acceso a la misma… 

En otras palabras, si se produce una desconexión unilateral, con o sin referendo el 1-O, existe un terreno para la incertidumbre, especialmente para quienes no lleven tres años ejerciendo. Y la inquietud gobierna entre jueces y fiscales. «La inquietud es mayor entre los que estamos aquí que entre los que están fuera», dice un juez de Barcelona con orígenes fuera de Cataluña. «Los medios materiales y el personal que disponemos nos lo brinda la Generalitat. El sistema informático pertenece a la Generalitat. Y los edificios judiciales nos los proporciona la Generalitat».

La ley de transitoriedad obliga a llevar tres años para acceder al puesto automáticamente

La preocupación va más allá de los medios materiales, a pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 12 de octubre de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana al admitir un recurso del Ejecutivo central. «Hay incógnitas sin despejar porque la ley no lo hace. Y el Govern está en rebeldía. ¿Qué pasa si alguien lleva menos de tres años desde la entrada en vigor?», se pregunta otro magistrado que ejerce en un partido judicial del extrarradio barcelonés.

El punto 68 de Ley Transitoria no es muy enrevesado, y precisamente por eso deja mucho margen para la eventualidad. Lo impredecible. Los puntos dos, tres y cuatro del artículo 68 abundan en el acceso a la carrera judicial: según estos apartados, el futuro Tribunal Suprem designará las plazas de nueva creación y los traslados, igualmente se encargará de asignar interinos para cubrir las vacantes hasta que estas se completen, etcétera.

«Somos funcionarios estatales, pero los medios materiales y personales los brinda la Generalitat»

Ni siquiera el mundo judicial está unido: aunque las cuatro asociaciones de magistrados (Asociación Profesional de la Magistratura APM, conservadora y mayoritaria; Jueces para la Democracia, JxD y progresista; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) han emitido un comunicado diciendo que el Gobierno catalán ha perdido «el carácter de autoridad», existen tensiones en las secciones territoriales catalanas. Y el profesor de Derecho Constitucional de la Pompeu Fabra Hèctor López Bofill indicó en un tweet el pasado 12 de septiembre que entre las materias que enseñaría estaría la Ley de Transitoriedad: todo está muy revuelto.

Fuentes fiscales consultadas -casi todas las partes interrogadas piden anonimato- rechazan que la futura carrera de los jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña, sobre todo la de los más nóveles, estuviera amenazada: «Imaginemos que se produce el peor de los escenarios posibles, la independencia sea como fuere: todos ellos pertenecen a la carrera judicial estatal y, en el caso más extremo serían reubicados en algún juzgado del resto de España», explican estas fuentesl.

Pero los problemas del día a día también acucian. «¿Y si llegamos a la sede judicial y resulta que la Generalitat no nos deja entrar en los edificios que ella dispone y gestiona?», se pregunta otro juez de Barcelona. «¿Y si se produce una caída del sistema informático? ¿O un borrado o robo de datos?».

«Se nos pone entre la espada y la pared preguntándonos con qué bando estamos»

La duda no atañe únicamente a jueces y fiscales. El sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) han emitido recientemente sendos comunicados pidiendo tanto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, como al conseller de Justicia de Cataluña, Carles Mundó, protección para los integrantes de este cuerpo ante la situación política en esta comunidad autónoma.

Los letrados piden «protección»

«Es necesario un diálogo», razona Abigail Fernández, de Sisej. «No se puede judicializar más allá de lo que sea imprescindible ni poner a los funcionarios entre la espada y la pared preguntándoles ‘¿tú de quién quieres ser?'», añade esta portavoz de los secretarios de justicia ante la ofensiva judicial emprendida por el Ejecutivo central para evitar el 1-O.

Cuando se pregunta a Fernández si existe inquietud por la Ley de Transitoriedad, la representate de Sisej lo niega y aduce que ésta ha sido suspendida por el Constitucional. ¿Y si el Govern se declara en rebeldía, eso no inquieta? «Toda la situación que vivimos genera inquietud», concede Fernández.