La CUP ha criticado este martes que la Guardia Civil haya acudido al Ayuntamiento de Girona para solicitar documentación relacionada con el caso Agissa, que investiga presuntas irregularidades en la gestión del agua en la ciudad, y lo ha considerado una «utilización interesada» en contra del 1-O.

«No nos parece inocente», ha asegurado en declaraciones a los medios el concejal de la CUP en la ciudad Lluc Salellas, que ha reprochado que estas actuaciones lleguen cuando faltan 12 días para el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, ha recordado que este caso se inició a raíz de una denuncia que la CUP interpuso en 2015 contra el ex consejero Delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa), Narcís Piferrer, por presunta administración desleal. «Durante estos dos años ha habido suficientes indicios y pruebas sobre la mesa para que los registros que se están haciendo ahora se hubieran hecho durante el último año», ha sostenido Salellas.

La CUP utiliza además esta trama para reivindicar «nuestra apuesta por el proceso político que vive Cataluña y que culmina con la consecución de la República Catalana». Según el argumento de la formación radical, el nuevo Estado catalán, a diferencia del español, sí garantizaría «los mecanismos de transparencia, fiscalización y persecución de la corrupción».

Cloacas del Estado

En un comunicado distribuido a los medios, la formación anticapitalista insiste en denunciar la «instrumentalización política y mediática de la Guardia Civil y las instituciones del Estado de esta investigación judicial con el objetivo de perjudicar el proceso político que vive Cataluña».

«Nuestra lucha constante contra la corrupción no puede servir para tapar la existencia de una guerra bruta diseñada desde las cloacas del Estado para desacreditar al independentismo y la defensa del derecho de autodeterminación», continúa el escrito, que asegura que la corrupción en la gestión de aguas en Girona se da desde 1976, y que tiene su centro en las empresas privadas y no en el Ayuntamiento.

Por su parte, la también concejal Laia Pèlach ha recalcado que seguirán denunciando los posibles casos de corrupción en Agissa, pero ha avisado de que serán igual de combatientes contra «la guerra sucia» del Estado contra los promotores del referéndum del 1 de octubre.

Más allá de la información requerida al consistorio, la Guardia Civil también habría registrado los domicilios de diferentes directivos y ex directivos de Agissa para hallar nuevos indicios de este caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona y deriva de la causa conocida como del 3%.