El grupo de Unidos Podemos plantará la batalla contra la especulación en materia de alquiler urbanístico. Este martes, los diputados de En Comú Podem llevarán al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para frenar la subida de los precios del alquiler en las grandes ciudades y establecer marcos para regular estos precios. Esta batería de medidas, que por lo pronto tiene carácter declarativo, es la “antesala” de una propuesta de Ley que le grupo planea presentar en los próximos meses en el Parlamento para restringir legalmente la especulación en el sector.

El próximo 18 de octubre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) organizará un acto en el Congreso para recoger firmas en pos de una ley que garantice los derechos de los arrendatarios y evitar que puedan ser deshauciados por impago si cumplen una serie de condiciones. Ésta es una de las iniciativas que Unidos Podemos pide ahora al Gobierno, que contempla modificar la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos para, entre otras cosas, ajustar la subida anual del precio del contrato a la subida del IPC.

Sin embargo, la propuesta más llamativa es la potestad que pide para los ayuntamientos. La proposición no de ley de Unidos Podemos, que ya fue aprobada el pasado junio en la Comisión de Fomento y que se debate hoy en el Pleno, pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que emprenda las “medidas oportunas” para posibilitar que “los municipios que acrediten incrementos de precios de alquiler desmesurados, puedan intervenir para impedir alquileres abusivos”, apunta el escrito de la propuesta.

Esta propuesta, señala Lucía Martín, diputada de En Comú Podem firmante de la iniciativa y colaboradora de la PAH, ya se aplica en otras ciudades europeas como Berlín, París y Munich, y van encaminadas a frenar la subida de estos precios estableciendo “índices de precios en función de varios factores, como la ubicación, los servicios de la vivienda, las rentas medias de la zona, o el precio medio de alquiler”, señala la dirigente. Los municipios tendrán así potestad para establecer ciertos criterios, aunque siempre en función de las comunidades autónomas.

Unidos Podemos también propone al Ejecutivo un plan de protección para el pequeño propietario, un perfil que se corresponde con quien tiene en su propiedad de una a tres viviendas, pero que “teme ponerlas en alquiler ante la desprotección o los posibles impagos”. En este punto, el grupo morado pide una línea de ayudas destinada exclusivamente a cubrir impagos o reparaciones propias de una vivienda arrendada.

A cambio del desembolso que supondría esta línea de ayudas destinadas al pequeño propietario, Unidos Podemos pide revisar la fiscalización de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIS), que se acogen actualmente a un régimen fiscal especial y que apenas pagan impuestos. Unas sociedades anónimas que están impulsadas por grandes bancos como Santander o BBVA y cuyo régimen viene justificado, según el PP, en que hacen dinamizan el mercado. La opinión de Martín, en cambio es bien distinta: “No podemos hacer regalos fiscales a quienes quieren especular con la vivienda otra vez”, lamenta.