El Govern ha dado por finalizados los trabajos de la Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum del 1-O, y ha pedido a sus miembros que cedan el relevo a «otros entes de observación». La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.

La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales. Esta decisión se ha conocido tras el cese de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras, días después de que fuese detenido por su implicación en el referéndum del 1 de octubre.

«El Constitucional lo que le pide es que se autoinculpe o recibirá una multa diaria de 12.000 euros. Para proteger a esta persona, el Govern decreta su cese, desde el reconocimiento y agradecimiento a su persona», ha dicho el conseller. La decisión, ha asegurado Turull, se ha tomado en coordinación con el abogado de Jové, puesto que el ya ex secretario general permanece incomunicado y en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.

Además, ha añadido que «el Govern expresa su condena e indignación ante las actitudes antidemocráticas del Gobierno español y trasladamos todo nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias».

Multas del Constitucional

El Constitucional había multado con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O, con lo que se había aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

Las multas fueron de dos diferentes cuantías y, así, se imponían 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los quince síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.

Vidal, por su parte, se mantiene en su cargo y ha presentado alegaciones ante el TC porque el alto tribunal le ha atribuido «actuaciones que no son de su ámbito» según Turull. El portavoz del Govern ha asegurado que todos los imputados de la administración autonómica contarán con asistencia jurídica de la Generalitat, aunque Vidal ha optado por contratar una defensa legal al margen de la Generalitat.

Respecto a los miembros de la Sindicatura Electoral que también han sido multados por el Constitucional, Turull se ha escudado en que forman un organismo independiente para limitarse a señalar su apoyo, sin valorar su situación. La síndica electoral del Arán ha anunciado hoy su renuncia para evitar las multas del TC, pero no está claro si los sustitutos escogidos inicialmente deben sentirse afectados por las multas decretadas por el TC.

Carta de Zoido a Forn

Turull se ha refirido también a la carta remitida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al conseller Joaquim Forn en la que se explica el despliegue de Policía Nacional y la Guarda Civil por el «riesgo de tumultos» derivados de las concentraciones de apoyo al referéndum. «Están cumpliendo la amenaza de venir por tierra mar y aire» ha ironizado el portavoz  para añadir que el Gobierno «intenta engañar, quieren crear un relato que no es cierto, hablan de manifestaciones tumultuosas y las manifestaciones son cívicas y pacíficas».

Turull denuncia el «apagón informativo» de los medios españoles sobre «lo que pasa en Barcelona»

«Lo ha visto todo el mundo» ha asegurado Turull, «excepto quizá el resto de España, por el apagón informativo en relación a lo que pasa en Barcelona que vemos estos días en medios del Estado, pero el mundo ha visto lo pacificas que son las manifestaciones».

«No hay un solo cristal roto ni un papel en el suelo» ha asegurado Turull, quien ha acusado a Zoido de «creerse sus propias mentiras».