Manuel Almenar es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura desde 2015. Apenas horas antes del referéndum ilegal del 1-O, el magistrado lo valora como el mayor pulso al Estado de derecho junto al golpe de estado del 23-F, pero a diferencia de lo que muchos denuncian, considera que la reacción «en el plano judicial, se ha producido en el momento justo» y aunque haya urnas, el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, «ya ha sido paralizado a efectos legales y jurídicos, que son los que importan». Después del 1-O, asegura, la Justicia seguirá haciendo cumplir la ley «hasta sus últimas consecuencias».

Pregunta.- ¿Es este el mayor pulso al Estado de derecho que ha sufrido nuestro país en democracia?

Respuesta.- Sin duda, junto con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La diferencia radica en que entonces se trató de un sector muy minoritario del Ejército frente a una democracia recién nacida y en formación, mientras que ahora el pulso se plantea desde instituciones creadas y desarrolladas en el seno de la propia democracia, frente a un Estado de Derecho plenamente consolidado y cuyo garante es un Poder Judicial independiente como nunca lo hubo en nuestro país.

P.- ¿Se ha reaccionado tarde?

R.- Hay que diferenciar dos planos. La situación existente en Cataluña tiene un trasfondo originaria y esencialmente político, al que se ha pretendido dar respuesta por las vías de hecho, contraponiendo la supuesta legitimidad democrática del Parlamento autonómico a la legalidad constitucional, en detrimento de esta última y con olvido de que la legitimidad de la actuación o decisión de cualquier poder público se basa en su conformidad con la Constitución. La consecuencia ha sido que el conflicto, inicialmente político, ha derivado primero en un conflicto constitucional y después en una vulneración de la legalidad constitucional. Y aquí es cuando interviene el Poder Judicial, al que no corresponde entrar, opinar ni resolver cuestiones políticas, sino cumplir y hacer cumplir la ley, garantizando los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La reacción, en el plano judicial, se ha producido en el momento justo, es decir, tan pronto se ha detectado la posible vulneración de la ley y con el exclusivo objetivo de restaurar la legalidad y depurar las responsabilidades en que se pudiera haber incurrido.

P.- ¿Hasta dónde cree que llegará la desobediencia por parte de los líderes independentistas?

El Estado de Derecho cuenta con medios suficientes para garantizar el respeto a la ley»

R.- Eso depende en gran medida de quienes incitan a la desobediencia y de quienes les siguen. No obstante, conviene recordar, primero, que la contumacia o persistencia en ignorar la ley es un factor que incide no sólo en la calificación de los hechos como delito, sino también en la valoración de la gravedad de los hechos de cara a la determinación de la pena aplicable y a la forma de cumplimiento de la misma; y, segundo, que no debe confundirse la prudencia, la serenidad o la proporcionalidad que siempre caracterizan la actuación del Poder Judicial, con una supuesta dejación, ya que el Estado de Derecho cuenta con medios suficientes para garantizar el respeto a la ley.

P.- ¿Están sufriendo presiones los jueces por su actuación en Cataluña?

R.- Si por presiones se entienden directrices, injerencias o actuaciones directamente encaminadas a forzar una determinada decisión, no me consta que se hayan producido. Cuestión distinta es que actuaciones como rodear edificios judiciales, manifestarse en la puerta jaleando consignas a favor o en contra de actuaciones judiciales…, revelan un evidente desprecio por los principios y valores democráticos básicos, entre los que se encuentra el respeto a la independencia judicial, y pueden dar lugar, en función de su gravedad, a la comisión de un delito, máxime si son auspiciadas por las autoridades a las que incumbe la defensa de esta garantía (art. 508 Código Penal). En cualquier caso, los ciudadanos pueden tener la absoluta seguridad de que los jueces, desde su sentido de la responsabilidad y como han hecho siempre, velarán por el cumplimiento de la ley, adoptando las medidas precisas para garantizar los derechos y libertades de todos, ajenos a cualquier tipo de presiones o interferencias, con prudencia y proporcionalidad, pero sin atender a otra referencia que la ley.

P.- ¿Es todavía posible paralizar el referéndum?

R.- La Ley del Referéndum de Autodeterminación, como también la Ley de Transitoriedad Jurídica, han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, que además ha anulado ya los Acuerdos de la Mesa del Parlamento que permitieron su tramitación y aprobación, por lo que el referéndum está paralizado a efectos legales y jurídicos, que son los que importan. Las medidas adoptadas por la Fiscalía y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña responden precisamente a este motivo y se dirigen a asegurar el cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional.

P.- ¿Qué ocurrirá si el domingo finalmente hay urnas y papeletas?

R.- Se trataría de actuaciones enmarcadas en la comisión de hechos que ya están siendo investigados por los Tribunales, a quienes corresponderá valorar la relevancia penal de cada caso en concreto y adoptar las medidas oportunas en función de las circunstancias que concurran y entre las que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la incautación de los instrumentos y efectos de delito.

P.- ¿Se van a castigar las presiones a los funcionarios?

Los ciudadanos pueden tener la absoluta seguridad de que los jueces velarán por el cumplimiento de la ley, adoptando las medidas precisas»

R.- Los funcionarios públicos han de adecuar su actuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Presionar a un funcionario para que actúe en contra de la ley, o se abstenga de actuar conforme a lo que la misma dispone, constituye un delito castigado en el Código Penal, por lo que, obviamente, si tal situación llegara a producirse, inmediatamente se incoaría el correspondiente procedimiento penal para la averiguación de los hechos y, en su caso, aplicación al responsable de las consecuencias legales previstas. En el desempeño de su labor, los funcionarios contarán con el apoyo y cobertura de los Tribunales frente a cualquier presión o intento de imponer o aplicar disposiciones suspendidas o anuladas.

P.- ¿Ve probable la detención de Puigdemont, Junqueras o Forcadell tras la celebración del referéndum?

R.- Los jueces solo valoramos hechos que ya han ocurrido, no futuribles que puedan o no suceder. En cualquier caso, la detención es una medida cautelar que, tratándose de una persona aforada, corresponde adoptar al órgano que instruya la causa y siempre en función de las circunstancias que concurran, atendiendo a los principios de legalidad y de proporcionalidad.

P.- ¿Cómo procederá la Justicia ante una proclamación de independencia por parte del presidente de la Generalitat?

R.- Como en cualquier Estado de Derecho, la eventual comisión de un hecho que presenta indicios de criminalidad da lugar a la incoación de un procedimiento penal, en el que se investigará lo ocurrido, se adoptarán las medidas legalmente previstas y, si se considera que efectivamente podemos hallarnos ante una actuación delictiva, se abrirá juicio oral para el enjuiciamiento del supuesto responsable. La ley es igual para todos.

P.- ¿Cómo valora la coordinación de los jueces ante la situación en Cataluña?

Los funcionarios contarán con el apoyo y cobertura de los Tribunales frente a cualquier presión»

R.- Me consta que, previo análisis de los posibles escenarios que pudieran producirse y a los que tuvieran que hacer frente los jueces y tribunales, se han adoptado las medidas necesarias para coordinar la actuación no solo de los jueces, sino con la Fiscalía, los Letrados de la Administración de Justicia y el personal auxiliar, tanto el próximo día 1 de octubre, como en los días sucesivos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley, el correcto funcionamiento del servicio público y el escrupuloso respeto de los derechos y libertades de todos.

P.- ¿Se han reforzado los magistrados ante la previsión de detenciones el domingo y los días posteriores?

R.- Los juzgados en funciones de guardia en los 49 partidos judiciales que existen en Cataluña han sido reforzados mediante Juzgados coadyuvantes, que estarán preparados para auxiliar a los titulares si fuera necesario, de forma que éstos puedan dedicarse en exclusiva a la problemática que pudiera surgir en relación con tales hechos, siempre que el volumen de intervenciones lo justificara.

P.- ¿Qué cree que ocurrirá a partir del 2 de octubre?

R.- Como decía antes, los jueces solo actuamos con hechos, no con probabilidades. Lo que sí le puede asegurar es que el día 2 de octubre, como ha ocurrido antes y ocurrirá después, los Jueces seguiremos atendiendo al compromiso que asumimos al entrar a formar parte del poder judicial, cumplir y hacer cumplir la ley, con sentido de Estado, mesura y proporcionalidad, pero hasta sus últimas consecuencias.  No hacemos la ley, mas en tanto la misma no se modifique a través de los cauces establecidos, haremos lo necesario para que se respete.