Es el último quebradero de cabeza que angustia a cualquier empresa. La secuencia de incertidumbres se inicia con la inquietud por lograr el contrato con la Administración pública, continúa con la prestación del servicio y culmina con la espera para poder cobrar el mismo. Y la Administración pública en España no es buena pagadora, no al menos en lo que a diligencia se refiere. Los niveles de morosidad oscilan de modo muy importante de una comunidad a otra, de una ciudad a otra. Si usted hace negocios con el sector público en el País Vasco está de enhorabuena, cobrará mucho antes; si los hace en Murcia o en la Comunidad Valenciana ármese de paciencia, tardará más de doble en ver satisfechos sus servicios.

Euskadi fue, según el Ministerio de Hacienda  y Función Pública, la comunidad que antes pagó en julio pasado a sus proveedores. Lo hizo, de media, a los 22 días de haber emitido éste la factura. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estableció que la morosidad pública debería tener un límite de 30 días a contar transcurrido el primer mes desde la emisión de la factura. Mientras en comunidades como Euskadi, Navarra o Andalucía ni siquiera se llega a poner en marcha el contador de los treinta días, al abonarse antes de que se cumpla un mes desde que se gira la factura, en el resto de España la media de espera para cobrar de la administración pública ronda los 27 días.

Las diferencias en el periodo de pago son muy importante. Los 22 días  de la Administración vasca, los 28 de la navarra o los 27 de la andaluza se sitúan a años luz del tiempo que tardan una buena parte de las administraciones públicas en pagar. A las ya mencionadas de Valencia y Murcia, que cierran la cola con una demora el pasado mes de julio de 52 y 59 días respectivamente -a contar transcurrido el primer mes desde la emisión de la factura-, la lista de morosidad pública en nuestro país incluye en ‘el top de morosos públicos’ a Cantabria, con un tiempo para cobrar que supera los 33 días, a partir del primer mes de emisión de factura. En el caso de Cataluña, la Administración que lidera Carles Puigdemont, y cuyos gastos estos días controla con minuciosidad la Administración central, se demora 24 días, casi los mismos que Extremadura y Madrid, con un periodo de espera para cobrar de 22 días a contar un mes después de girada la factura.

6.361 millones de deuda a proveedores municipales

La lista de morosidad es algo menor en el centro de la tabla, con las Islas Baleares con casi 19 días de retraso en el pago, Aragón con cerca de 18 días, Canarias con 16 y La Rioja con casi 15. En el grupo con sólo una demora añadida de 10 días al mes desde que el proveedor gira la factura se encuentran comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias.

En cuanto al volumen de la deuda comercial que arrastraban el pasado mes de julio las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Hacienda lo cuantifica en 290,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,3% respecto a junio. Una disminución que deja el saldo a deber a proveedores en 6.361 millones de euros (el 0,54% del PIB). Cifras que acreditan que las 14 comunidades autónomas que en 2012 suscribieron un plan de ajuste han logrado reducir su deuda comercial en un 77,1%.

Respecto a los ayuntamientos, la información dada a conocer por el ministerio refleja que el periodo medio de pago de los consistorios ronda los 60 días, una demora que en julio pasado creció respecto al mes anterior en caso dos días. Entre las principales capitales españolas destaca la situación de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo periodo de demora alcanza los 83 días, es decir casi tres meses a partir de los 30 días transcurridos de la emisión de la factura. Sevilla es otra de las capitales donde quienes presten servicios al consistorio deben saber que tardarán en cobrar. Desde que se emita la factura al consistorio sevillano y pasado el primer mes, aún habrá que esperar otro mes y medio de media para poder cobrar. La demora en Palma de Mallorca es de 41 días (a partir del mes de emisión de factura), de 35 días en La Coruña o 17 días en Murcia. En ciudades como Barcelona, Zaragoza o Málaga los proveedores cobran antes de que se cumpla un mes desde que enviaron la factura al consistorio.