El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas para confirmar si un juez de Barcelona, utilizando su correo corporativo, se refirió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como «terroristas uniformados» en un foro restringido a jueces y magistrados.

El máximo órgano de gobierno de los jueces ha adoptado esta decisión tras tener conocimiento por los medios de comunicación de los calificativos que habría empleado Federico Vidal, que sirve en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 17 de Barcelona y que ya ha sido notificado. Las diligencias que llevará a cabo el promotor de la acción disciplinaria, el magistrado Ricardo Conde, determinarán si el Vidal incurrió en una falta.

Okdiario ha desvelado el correo que Vidal habría enviado al citado foro, en el que el colectivo mostraba mayoritariamente su apoyo a los compañeros que ejercen en Cataluña. A las 19.06 horas del 4 de octubre, el juez escribió: «Intervengo porque no entiendo nada. ¿Han pegado a algún juez en Cataluña? ¿Lo han vejado? ¿Lo han insultado en público o amenazado por ser juez? Si es así toda mi solidaridad y repulsa. Sin embargo, no tengo noticia de ello», escribe. Y añade: «¿Nadie tiene nada que decir sobre el TERRORISMO POLICIAL [escrito en mayúsculas] que sí sufrimos en Cataluña? ¿Ni sobre los 890 heridos que han provocado los terroristas uniformados? Ni sobre los 2,3 millones de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar? ¿De verdad que no hay nada que decir?».

«Su Borbónica Majestad»

Federico Vidal también hace referencia al Rey Felipe VI, tras dirigirse a la nación el pasado martes: «Hacemos como su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza o nos enfrentamos con la dura realidad de forma valiente o de lo contrario sí vamos a tener problemas de verdad».

En su artículo 536, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) describe como falta grave «la utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos». En el caso de las faltas graves y muy graves, la sanción puede consistir en suspensión de empleo y sueldo o traslado forzoso fuera del municipio de destino.