Carles Puigdemont comparecerá mañana ante el Parlament a las seis de la tarde para «informar sobre la situación política actual» según la petición de comparecencia oficializada el viernes, o para proclamar la república catalana, según la CUP. Entre esos dos extremos el núcleo duro del Govern, las direcciones del PDCat, ERC y la CUP y los líderes de Ómnium y la ANC llevan días de intensas reuniones para pactar un documento que satisfaga las aspiraciones de los antisistema y atienda a los temores de parte de la ex convergencia que en los últimos días ha abogado más o menos abiertamente por posponer una declaración unilateral de independencia (DUI). Sobre la mesa de Puigdemont se plantean básicamente cuatro opciones, renunciar a la DUI, aplicarla con todas sus consecuencias siguiendo la hoja de ruta de la Ley de Transitoriedad, y las dos fórmulas «imaginativas» con las que el núcleo más cercano al President confía en satisfacer a unos y otros: una independencia «en diferido» y una DUI con una suerte de cláusula de reserva o suspensión.

Pese a la insistencia en que la única vía es la aplicación de la hoja de ruta fijada en las leyes de ruptura, las divisiones en el bloque independentista se han hecho evidentes desde que el pasado miércoles se inició una fuga de empresas que hoy seguía drenando la economía catalana. Los sectores más moderados de los dos partidos que integran JxS buscan fórmulas que permitan hablar de una independencia por fases para «hacer la DUI pero hacerla bien» como insisten en las últimas horas desde el PDCat. Y recuerdan que ni siquiera los observadores internacionales de la Generalitat han avalado los resultados del 1-O como base legítima para una declaración de independencia.

Cláusula de suspensión o reserva

En este contexto es en el que coge fuerza la opción de la proclamación de independencia con una suerte de «cláusula de suspensión o reserva» que implique la suspensión de su aplicación inmediata a cambio de abrir una negociación con el Estado sobre los términos de esa independencia, incluyendo eventualmente la celebración previa de un referéndum de autodeterminación legal y pactado con el Gobierno, aunque ese extremo no es aceptado por la CUP, que se niega a aceptar una ratificación en las urnas tras el 1-O.

Se trata de la fórmula que ayer dibujaba el eurodiputado Ramon Tremosa cuando puso el ejemplo del proceso de independencia de Eslovenia, país que declaró la independencia, la suspendió y «al cabo de seis meses de negociaciones en los que Belgrado ni se sentó a la mesa, comenzaron a caer los reconocimientos internacionales». Esta fórmula permite condicionar la suspensión a la aceptación del diálogo por parte del Gobierno.

Una formulación similar es la de la independencia «en diferido» de la que hablan en privado los independentistas. Esta propuesta permite argumentar que se está cumpliendo la Ley de Transitoriedad, que da seis meses para la aplicación práctica de la independencia hasta la celebración de unas elecciones constituyentes en las que se escogería al Parlamento redactor de la nueva constitución catalana. Los defensores de esta fórmula argumentan que la negociación con el Estado puede avanzar de forma paralela puesto que no se haría efectiva de forma inmediata porque, como reconoció Artur Mas la semana pasada, la Generalitat no está preparada para ejercerla.

En otras palabras, permite mantener sobre la mesa la carta de la mediación internacional para negociar los términos de la independencia o un referéndum pactado en la que se intenta amparar Carles Puigdemont desde el 1 de octubre.

Engañar al Gobierno

Para la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes esa fórmula no es más que un intento de «engañar al Estado» porque «una declaración de independencia nunca constituye un estado de forma inmediata, es el reconocimiento internacional» esencialmente de Naciones Unidas, el que da validez al nuevo estado. Y ese reconocimiento nunca llega sin que el aspirante a estado demuestre tener control efectivo sobre el territorio que pretende independizarse. Y aquí está la trampa, señala Freixes, porque la Generalitat utilizaría esos meses de plazo incorporados en la «DUI en diferido» para seguir ampliando sus estructuras de Estado y conseguir ese control efectivo sobre el territorio desde el ámbito fiscal, de la Justicia y de las infraestructuras, que siguen controlados por el Estado.

Pero los sectores más duros insisten en la necesidad de aplicar los resultados del referéndum y proclamar la república para «negociar de igual a igual con el Estado» como ha argumentado hoy el portavoz de la CUP, Benet Salellas ante la prensa. En ese barco están también las entidades sociales, que consideran una muestra de debilidad hablar de DUI «en diferido» o de «clausulas de suspensión» que pueden devolver a Cataluña «a la casilla del referéndum». Estos sectores no quieren dejar pasar esta oportunidad, y prueba de ello es la convocatoria lanzada ayer por la ANC para que sus seguidores rodeen mañana el Parlament.

La convocatoria de la sesión a las seis de la tarde ya despertó sospechas y malestar en la oposición, que aceptó las exigencias del President porque la mayoría independentista en la Mesa las hubiera impuesto igualmente. Pero sus grupos pidieron conocer la agenda de Carles Puigdemont que obligaba a convocar el pleno a una hora tan tardía. Nadie lo ha verbalizado, pero las convocatorias matinales en horario laboral que la ANC y Ómnium han lanzado en los últimos años para acompañar a imputados ante el TSJC han sido más que discretas, excepción hecha del inicio del juicio del 9N. Pero a las seis de la tarde es más fácil que sus seguidores acudan a la llamada.

Habrá tensión democrática para que los resortes de poder se pongan en manos de la republica catalana» advierte la CUP

En este contexto, Salellas reconocía ayer las dificultades para hacer efectiva esa declaración de independencia en los ámbitos más «bunkerizados» -es decir, controlados por el Estado- y ha anunciado que «habrá tensión democrática para que estos resortes se pongan en manos de la republica catalana». Un eufemismo que solo se puede leer como el intento de ocupación de la calle y las infraestructuras por la fuerza.

Lo que parece más improbable es la renuncia a la proclamación de la independencia como siguen pidiéndole todos los partidos de la oposición. Una petición que también le trasladó el domingo el presidente del Círculo de Economía, Juan José Bruguera en un almuerzo en Girona. Bruguera le advirtió de que la DUI sería «una bomba» para la economía catalana y le trasladó la extrema preocupación del empresariado por el clima de desconfianza, inestabilidad institucional e inseguridad jurídica desatada con el proceso independentista.

El president reconoció ser consciente de la situación de «extrema gravedad» que atraviesa la economía catalana, pero ya hoy ha demostrado su intención de hacer oídos sordos a los ruegos de Bruguera, quien le pidió que renunciara a la DUI y lo hiciera público antes del lunes para evitar que siguiera la fuga de empresas y capitales. Una petición que Puigdemont no ha atendido, puesto que se ha mantenido en la misma ambigüedad de los días anteriores.